De Guindos, seguro de que no habrá multa por el descuadre de las cuentas

El ministro de Economía constató que los esfuerzos fiscales asumidos por el país serán valorados de forma adecuada por las autoridades comunitarias


madrid / colpisa

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, tiene claro que la Comisión Europea no impondrá una sanción al Gobierno español por haber incumplido el objetivo de déficit comprometido para el ejercicio 2015. Tan seguro se muestra que ayer, en su visita a los miembros de la Comisión y el Parlamento Europeo, no trató el asunto de la multa, porque parte de la base de que «no la va haber», según indican fuentes ministeriales.

Durante la reunión que mantuvo con el vicepresidente de la Comisión, el letón Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, el ministro sí abordó los escenarios presupuestarios que maneja España para los próximos años. Y constató que los esfuerzos fiscales asumidos por el país serán valorados de forma adecuada por las autoridades comunitarias. El propio Dombrovskis se comprometió a aplicar de manera «inteligente» las normas sobre disciplina fiscal cuando tome una decisión sobre las consecuencias del incumplimiento de los objetivos de déficit.

El colegio de comisarios tuvo el pasado martes un primer debate sobre este asunto y, en principio, prevé adoptar hoy mismo la decisión formal, que previsiblemente certificará el tirón de orejas a los Gobiernos español por no haber adoptado medidas «efectivas» para cumplir con sus objetivos presupuestarios a pesar de que conocían la magnitud del desfase entre ingresos y gastos.

Hasta dos mil millones

El déficit público de España alcanzó el pasado año el 5 % del PIB (sin contar las ayudas al sistema financiero), frente al compromiso adquirido con el Ejecutivo comunitario de reducirlo hasta el 4,2 %. En el caso de que Bruselas certifique la «falta de acción efectiva» para reducir el desfase presupuestario, se desencadenaría el procedimiento para sancionar a España con una multa que equivaldría al 0,2 % del PIB, unos 2.000 millones, y la congelación de parte de los fondos estructurales, aunque la sanción podría ser reducida o incluso anulada luego.

Si se ratifica hoy, la Comisión dispondría de veinte días para proponer la sanción a España, que el Ecofin podría vetar en un plazo de diez días.

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