Más de una treintena de inspectores registraron ayer las oficinas de Torre Picasso y el Campus Google en Madrid, en busca de posibles irregularidades fiscales
01 jul 2016 . Actualizado a las 07:30 h.Las sospechas de las autoridades europeas ante el pago de impuestos de las multinacionales asentadas en los Estados miembro ha llevado a la Agencia Tributaria a seguir los pasos de otros organismos fiscales comunitarios en su búsqueda de irregularidades fiscales contra Google. El grupo del conocido buscador de Internet no es la única compañía bajo el punto de mira del fisco, pero sí la última sobre el que Hacienda ha actuado para rastrear datos que puedan confirmar indicios de evasión fiscal.
Las dos sedes de la multinacional norteamericana de Madrid -las oficinas de Torre Picasso y el Campus Google- fueron el objetivo ayer de las pesquisas de más de una treintena de inspectores, que requirieron numerosa documentación. La intervención fue autorizada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid. En la operación, recabaron datos a través de material informático que, a partir de ahora, utilizarán para analizar los movimientos de la compañía.
La actuación se limita al propio acto del registro, a la espera de los informes que elabore Hacienda. Los responsables de Google no rechazaron en ningún momento colaborar con las autoridades en sus trabajos y la compañía señaló en un comunicado que estaba cooperando con las autoridades para «responder a todas sus preguntas», como hace «siempre». También indicó que cumplen con la legislación fiscal, al igual que hacen en todos los países en los que opera. Los trabajos intentan aclarar si la sociedad, cuya matriz se encuentra en California (Estados Unidos), ha declarado correctamente todos los pagos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido, así como los referidos a otro gravamen que se aplica a este tipo de compañías no registradas como residentes en España.
La actuación del fisco no presupone que la firma haya cometido ningún delito fiscal. Pero se trata de la enésima investigación desarrollada tanto dentro como fuera de las fronteras españolas para aclarar cómo es la ingeniería fiscal que utilizan compañías como la propietaria del desarrollador de Internet para sortear la liquidación de impuestos en países como España. Se trataría de derivarlos indirectamente a territorios donde los tributos resultan mucho más baratos, como Irlanda -en el caso de la UE- o EE.UU.
Destino Irlanda
Muchas de estas empresas consiguen que sus filiales en España apenas registren grandes cantidades de actividad comercial, al ser utilizadas como intermediarios de las corporaciones radicadas en países con menor presión fiscal. En Irlanda, por ejemplo, el impuesto de sociedades sigue siendo el más bajo de la Unión: un 12,5 %, frente a la media de entre el 25 % y el 30 % de otros países, como España. Y ello a pesar de que su Gobierno se vio obligado a incrementarlo, en medio de la crisis económica, al suponer «competencia desleal» para el resto de los países comunitarios, para atraer más firmas utilizando su atractiva imposición.
En el caso de la Agencia Tributaria, hace apenas 10 días abría otra investigación similar a la de Google contra otra tecnológica norteamericana, Apple, por la liquidación de impuestos como el de sociedades, IVA e IRPF de no residentes entre los ejercicios 2009 y 2012. Su cifra de negocio en España también procede casi en exclusiva de los ingresos generados por la sociedad hermana radicada en el archipiélago irlandés. De hecho, Hacienda ha venido advirtiendo que estrechará el control sobre este tipo de corporaciones, en línea con el resto de los organismos de inspección tributaria en Europa.
El Supremo obliga a Lugo a pagar 1,17 millones en deudas de la empresa del matadero
El Concello de Lugo agotó todas las vías a su alcance, pero finalmente tendrá que abonar 1,17 millones de euros que dejó a deber a la Seguridad Social la empresa Frimiño a la que tuvo adjudicada la explotación del matadero municipal desde el 16 de enero de 1990 hasta noviembre del 2009. El Supremo acaba de desestimar el recurso municipal de casación contra la sentencia del Superior de Xustiza de Galicia que dio la razón a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en su requerimiento al Ayuntamiento del abono de modo solidario del importe de la deuda contraída por Frimiño.
La empresa no pagaba ni el canon fijado por la concesión, ni el agua, ni la seguridad social de sus trabajadores. Después de algunos intentos más o menos contundentes de recuperar la concesión, al hilo del cambio legislativo que declaró que el servicio de matadero ya no era de prestación obligatoria para el Ayuntamiento, los gobiernos presididos por el socialista López Orozco se pusieron manos a la obra para cerrar las instalaciones.
Frimiño cesó su actividad, sin liquidación, con una deuda por cuotas a la Seguridad Social de 1.167.820,97 euros, que resultó imposible de cobrar a la citada sociedad y a la administradora (declaración de insolvencia). El Supremo aclara que la «actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social ni encaja dentro de la teoría del abuso de Derecho ni constituye una quiebra de la lealtad institucional».