La aviación no tripulada, que hace un año contaba con 14 empresas, suma ya 80 operadores. Pese a las restricciones legales, es el sector que más crece, alentado por anuncios de ventas millonarias
22 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los aviones no tripulados, también llamados drones o RPAS (por sus siglas en inglés, remotely piloted aircraft systems), tienen un potencial de mercado para uso civil que explica el bum que está viviendo esta industria en todo el mundo.
La Xunta de Galicia ha apostado fuerte por esta tecnología y, con la puesta en marcha del primer parque tecnológico e industrial de naves civiles no tripuladas de España en lo que ahora es el aeródromo de Rozas (Castro de Rei, Lugo), ha dado aliento a un sector que no para de crecer.
Las cifras son de vértigo. En junio del 2015, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tenía registrados y homologados 14 operadores de drones de menos de 25 kilos (peso estándar de los aparatos para uso civil) en la comunidad gallega. El informe actualizado a 17 de junio del 2016 eleva a 80 el número de empresas acreditadas en Galicia.
A Coruña es la provincia que tiene más autorizaciones (36), seguida de Pontevedra (27), Lugo (9) y Ourense (8). En el conjunto de España, el número de empresas operadoras de drones se eleva a 1.430.
¿Cómo garantizar algo tan sencillo como la seguridad de los que están abajo? ¿Qué ocurre si uno de esos artilugios cae sobre una zona poblada? La simple posibilidad de que esto suceda atenaza a los legisladores y lastra la confianza de los gobiernos.
Los aviones no tripulados ya conforman el sector tecnológico de mayor crecimiento mundial. Dentro de la aeronáutica es la división que más avanza (solo en EE. UU. se registran 300.000 unidades al mes), y Galicia ha sabido engancharse al negocio. Pero esta vez no es la tecnología, sino la imposibilidad de operar, la que amenaza con pinchar lo que en algunos foros ya se empieza a conocer como la burbuja de los aviones no tripulados.
«Se está creando una expectativa desmesurada de un negocio que no está regulado y que carece de estudios que reflejen las necesidades reales del mercado español», apunta un empresario gallego del sector que pide anonimato y que culpa a los políticos de contribuir a esta situación. «Andalucía, León, Galicia, están compitiendo en una carrera en la que muchos se van a estrellar», advierte.
No hay tanta demanda
El experto apunta un dato dado a conocer recientemente por Drone Spain: el 90 % de los 1.400 operadores de drones que hay en España no son capaces de sobrevivir, mientras que el otro 10 % sale adelante ampliando su actividad a otros negocios donde no llega la regulación aérea.
«El marco regulatorio actual se ha quedado corto y hay que avanzar más allá, porque así lo dicta la demanda», explican desde la Asociación Española de RPAS (AERPAS).
La norma que regula el uso de los drones en España, de carácter provisional, fue aprobada a toda prisa en julio del 2014 ante el bum comercial de estas aeronaves, que comenzaron a alzar el vuelo sin ningún tipo de control. Desde entonces, el sector espera con impaciencia la aprobación de una regulación definitiva
«La nueva legislación aún tiene que aprobarse, pero no está garantizado que esto suceda en el corto plazo. La AESA ha enviado el borrador de la ley a la Comisión Europea y lo más seguro es que espere a que las autoridades comunitarias saquen su propia normativa conjunta, dentro de un año más o menos, para aprobarla», aclara AERPAS.
Mientras tanto, el sector cree que la selección natural se encargará de poner las cosas en su sitio. Dicen que en España hay 45 compañías comerciales de helicópteros, frente a 1.400 operadores de drones. «Un crecimiento así no es sostenible», advierten.
Más de 240.000 euros en sanciones por volar en zonas no permitidas
Si un ave provoca un siniestro aéreo se considera algo inevitable pero, ¿qué ocurriría si el causante de un accidente es un dron?
De momento han sido un par de incidentes aislados. Un Airbus 320 de Lufthansa se encontró el 21 de mayo tres drones que le molestaban durante la fase de aproximación al aeropuerto de Bilbao (Loiu). Aunque finalmente no tuvo que realizar ninguna maniobra para evitar un posible impacto a 900 metros de altura, el asunto empieza a preocupar a pilotos y controladores.
AESA admite que la normativa es «transitoria» e insiste en que ya ha enviado una nueva a Bruselas para que Europa la apruebe. Un portavoz sostiene que no tienen conocimiento del último incidente porque nadie se lo ha notificado.
En los 22 meses que lleva vigente la normativa actual, explica esta portavoz, la agencia ha realizado 35 expedientes sancionadores por mal uso de drones. «Las principales causas son el sobrevuelo de zonas no permitidas [sin especificar cuáles] y el uso de drones sin ser un operador habilitado en AESA», afirma.
La cuantía de las multas suma 240.000 euros, de lo que se puede deducir que no han sido graves: la sanción máxima contemplada por el mal uso de estos aparatos es de 225.000 euros.
TCAS, el sistema anticolisión de los aviones, no detecta a estos pequeños aparatos y verlos o no depende del piloto y lo despejado que esté el día.