La primera sentencia del «dieselgate» en España recoge que los vehículos son aptos para circular
25 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La primera sentencia de un juzgado español por el fraude las emisiones contaminantes ha dejado mal parado al demandante, un particular propietario de un Volkswagen Tiguan 2.0 que, además de perder el juicio contra el fabricante, tendrá que hacerse cargo del pago de las costas judiciales. Así lo recoge el fallo dictado por el juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria), en la que se establece que la oferta hecha por el grupo alemán, que consiste en dar una solución técnica al motor trucado de forma gratuita para el propietario, «es la adecuada, y no existe causa alguna que justifique su rechazo».
El documento judicial, que tiene fecha del 19 de mayo, argumenta que para que pueda prosperar la acción emprendida por el denunciante «es preciso que en la demanda se especifiquen los daños y perjuicios sufridos; se cuantifique, con la mayor precisión, el importe de la indemnización; y presente prueba suficiente sobre la realidad de los daños y perjuicios». El magistrado Pablo Fernández de la Vega asegura que la demanda presentada no documenta tales daños, y concluye que el coche objeto de la reclamación judicial «es apto para la circulación, ya que no se ha acordado ni por la autoridad nacional ni por la de la Unión Europea la retirada de la circulación de los vehículos que tienen instalado el software malintencionado».
Mal fundamentada
El auto también cuestiona el argumento de la denuncia relativo a la contaminación que produce el vehículo por encima de lo declarado y lo hace apuntando que «el actor no ha probado que sea una persona con especial preocupación por el medio ambiente o que pertenezca a alguna asociación ecologista».
Como consecuencia de todo ello, el juez desestima la demanda, aunque contra esta resolución cabe recurso.
Volkswagen no ha querido valorar el resultado de esta primer juicio. Sí lo han hecho los bufetes de abogados que representan a los centenares de propietarios de coches trucados que han acudido a la vía judicial (en España hay 700.000 afectados, 30.000 de ellos en Galicia).
La conclusión de los letrados es que la denuncia del particular contra Volkswagen está mal planteada. El error parte, según los expertos, en pedir que se anule la operación de compra y se reembolse el importe íntegro de un coche adquirido en el año 2012.
«Es inviable pedir un vehículo nuevo para cada afectado. Lo razonable es pedir una indemnización, en función de la antigüedad del vehículo y el valor que proporciona una entidad oficial como la calculadora de Hacienda», explican fuentes del despacho Balms Abogados de Vigo, que ha presentado una treintena de denuncias.
Al menos tres juzgados gallegos han admitido ya a trámite varias decenas de demandas interpuestas por lo civil contra el constructor por parte de propietarios de vehículos del grupo.