Los expertos coinciden en que la presión fiscal es elevada, pero discrepan sobre si es excesiva e ineficiente
23 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.¿Es la presión fiscal en España excesiva, rayando lo confiscatorio, o, por el contrario, tenemos una carga impositiva en la media de los países vecinos? La respuesta varía según a quién se le formule la pregunta. Los expertos no tienen una opinión unánime más allá de considerarla «alta», aunque en línea con la media europea.
Los últimos datos de Eurostat, la oficina europea de estadística, del 2014, cifraban en el 34,4 % del PIB la carga fiscal española, después de incrementarse un 2, 7 % interanual. Pero ese porcentaje sobre el PIB (computa el total de impuestos) sitúa al país más de 6 puntos por debajo de la media del conjunto de la UE (40 % del PIB) y a 7 de distancia de la media de la eurozona (41,5 %). Así, España está en el rango intermedio de la tabla, ya que hay economías próximas, como Francia (47,9 %), Italia (43,7 %) o Alemania (39,5 %) que están por encima -Dinamarca, con el 50,8 %, encabeza la lista-, pero también otros países, como Polonia (33 %), Estonia (32,5 %) o Eslovaquia (31,2 %) que tienen una presión inferior. La del Reino Unido es idéntica.
«La presión fiscal en España ha sido alta siempre, y se tiene que mantener así porque hemos tenido que adaptarnos a lo que marca la UE», señala Pedro Martín Molina, socio fundador de la firma Legal y Económico y profesor titular de Sistema Fiscal Español. Matiza que «comparativamente no existe aquí la reciprocidad que en otros países entre impuestos y buenos servicios públicos».
Considera una «revisión» de los tres niveles del sistema tributario español. «No puede ser que, para determinados impuestos, algunas comunidades funcionen, salvando las distancias, como paraísos fiscales», dice.
¿Infierno fiscal?
Precisamente con escándalos recientes, como el de los papeles de Panamá, que destapó el uso extensivo en el mundo de entramados societarios para ocultar dinero al fisco, ha habido voces críticas que justifican la existencia de estos paraísos por los «infiernos fiscales» de los Estados de origen. Es el caso del mediático economista Daniel Lacalle, que en su último libro califica de «enorme e intolerable» la presión fiscal española, que impide prosperar a empresas, autónomos y familias.
Como calcula el think tank Civismo, del que Lacalle forma parte, un español con un sueldo medio de 24.000 euros trabaja los primeros 182 días del año para pagar impuestos. «El Estado se lleva la mitad de la renta, pero de forma diseminada, para que el contribuyente no se escandalice», subraya, y defiende rebajas fiscales que impulsen el consumo y el crecimiento.
Menos radical es Ramón Casero, coordinador del área de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, que afirma que «nuestro sistema tributario es igual o parecido a los de países del entorno, con una presión importante, sobre todo en las clases medias, pero parecida, en términos generales, a los vecinos». Insiste en que, comparativamente, estamos en la media, y que, pese a las críticas al elevado marginal máximo (46 %), el IRPF no es confiscatorio.
Por su parte, la directora del Máster en Tributación y Asesoría Fiscal de la Escuela de Finanzas, Lydia Campos, sí cree «excesivamente elevada» la presión sobre las rentas del trabajo, que achaca a unas cotizaciones sociales «de las más elevadas de Europa».
Rajoy promete bajar impuestos, pero las cuentas no dan margen
El pasado miércoles, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aprovechó una entrevista en el Financial Times para anunciar «otra rebaja de impuestos» en caso de que gane las elecciones del próximo junio. Y la promesa, enmarcada ya en la carrera de la precampaña, llegaba en un momento, cuando menos, inoportuno, ya que era el mismo día en el que Bruselas debía decidir -aunque finalmente lo aplazó para pasados los comicios generales- si iniciaba el procedimiento para sancionar a España por incumplir reiteradamente los objetivos de déficit, ya que cerró el 2015 en el 5 % en lugar del 4,2 % comprometido con la UE.
El caso es que a Rajoy le llovieron las críticas por mentar otra «poda» fiscal, precisamente en un momento en el que las cuentas no están para alegrías y cuando la Comisión Europea reclama nuevos ajustes y apretarse, pero bien apretado, el cinturón. De hecho, aunque Bruselas ha dado a España un año más de margen para situar el déficit por debajo del 3 % del PIB, los nuevos objetivos -reducciones del gasto del 0,25 % este año y del 0,5% el próximo- se traducen en un ajuste de más de 8.000 millones de euros. ¿Bajar impuestos? Difícil.