La Agencia Tributaria pone el foco en los billetes de 500 ante un repunte en los pagos
ECONOMÍA
Establecimientos gallegos detectan más transacciones tras anunciarse el cese de su emisión
17 may 2016 . Actualizado a las 18:57 h.El 5 de mayo, solo un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciase el próximo fin de la producción de billetes de 500 euros, la caja de un establecimiento comercial coruñés registró una recaudación sorprendente: diez billetes de 500. Y no correspondían a un solo pago ni a un único cliente. Más bien al contrario, ya que habían sido recibidos en distintas transacciones realizadas ese mismo día. No hay, hasta el momento, constancia oficial de un aumento de pagos realizados con ese tipo de billete, que muchos españoles no han tenido nunca en sus manos, pero lo cierto es que distintas fuentes consultadas por La Voz han apreciado ese incremento en el movimiento de grandes billetes.
No hay nada ilegal en el pago con 500 euros, pero la realidad es que el uso de estos billetes ha estado siempre bajo la lupa de las autoridades económicas por su utilización en transacciones fuera de la ley. El propio Banco Central Europeo apunta como una de las razones de la desaparición de los billetes de 500 euros (prevista para finales del 2018) «la preocupación por el hecho de que estos billetes puedan facilitar la comisión de actividades ilícitas». Esa preocupación ha sido expresada en numerosas ocasiones por las autoridades financieras ante el riesgo de operaciones de blanqueo de dinero con ese tipo de billetes. «La vigilancia es permanente», advierten fuentes de la Agencia Tributaria, que de todas formas no tienen aún conocimiento exacto de que se haya producido ese afloramiento de billetes de 500 euros previsible tras el anuncio del BCE. Lo explica un experto: «Aunque los billetes seguirán teniendo validez siempre, es fácil que exista cierta preocupación entre los poseedores de ese tipo de efectivo en este momento, sobre todo si es dinero no declarado».
Ese movimiento de dinero por medio del cambio de moneda en entidades financieras o con la realización de transacciones comerciales de pequeña cuantía permitirían esquivar los estrictos controles existentes en España. Entre esos controles están los que realizan los servicios de investigación de la Agencia Tributaria y el servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias (Sepblac). Esta unidad de inteligencia financiera es el organismo del Estado que investiga cualquier incremento en las operaciones bancarias de España. Solo el año pasado, el Sepblac analizó 4.607 informaciones por indicios relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
112 millones en Galicia
Galicia no queda al margen en ese tipo de investigaciones. En su lucha contra el blanqueo de capitales, Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, destapó el año pasado en Galicia delitos de blanqueo por un importe de 112,6 millones, según el balance de la Agencia Tributaria del año 2015. El hecho de que uno de cada tres euros de dinero negro descubiertos por Aduanas proceda de operaciones llevadas a cabo en Galicia se debe principalmente a blanqueo procedente de dinero del narcotráfico.
Diez billetes de 500 en un solo día
La foto corresponde a la recaudación registrada en un solo día en un establecimiento comercial coruñés, poco acostumbrado a pagos con ese tipo de billetes. Ocurrió al día siguiente del anuncio del Banco Central Europeo de que dejará de emitir billetes de 500 euros.
¿Puede un establecimiento negarse a aceptar un billete de curso legal? No
Es fácil encontrar establecimientos en los que se previene al cliente que no se acepta el pago con billetes de 500 o de 200 euros. Se entiende la doble intención que hay detrás de ese aviso: evitar que sea un coladero de billetes falsificados; y tener que dar un cambio elevado al cliente, sobre todo cuando lo que va a pagar es bastante menor. ¿Es una práctica legal? No, según explican organizaciones de consumidores y el propio Banco de España.
Los establecimientos están obligados a tomar todo tipo de billetes de curso legal, aunque tengan un cartel en el que diga que ese local no acepta determinados tipos. «El uso de billetes de euros no está sujeto a ningún tipo de limitación o restricción legal, así que restringir previamente la utilización de determinadas denominaciones altas de billetes no parece acorde con el concepto de moneda de curso legal que el euro ostenta», explican esas fuentes.
Otra cosa es que el consumidor pueda aceptarlo, pensando en el perjuicio que causa en el comercio si abona pequeñas compras con billetes de elevado valor.
¿Y qué sucede cuando en servicios públicos, como el transporte, tampoco se aceptan esos billetes? Puede haber excepciones si el servicio tiene un reglamento propio con el objetivo de mejorar las prestaciones que da. Pónganse en el caso de un conductor de bus que ha dar el cambio de 1,2 a quien le ha dado 200 euros.
La excepción de las tarjetas
Otra cosa es lo que sucede con las tarjetas de crédito. En este caso, los establecimientos pueden negarse a cobrar determinadas cantidades con dinero de plástico, siempre que lo anuncien previamente a sus clientes a través de carteles visibles al público. Hay que cuenta que la entidad bancaria que les facilita el terminal de pago les cobra una comisión por operación, por lo que cantidades pequeñas les suponen una penalización mayor.
Sanción por el 25 % del importe, para pagador y receptor, cuando se exceden los 2.500 euros en efectivo
Pagar con billetes de 500 euros, por mala fama que tenga -su desaparición en diferido ordenada por el BCE ya da idea de que es un coladero de dinero negro- no es ilegal. Pero abonar de golpe y en efectivo más de 2.500 euros, sea el formato que sea, sí. Desde finales del 2012 está limitada a esa cantidad el pago en efectivo de cualquier tipo de operación, desde una reparación del coche hasta arreglos en casa, compras...
Fue una de las primeras medidas que ordenó el Gobierno de Rajoy para tratar de poner coto a los pagos en negro, con el objetivo de que fuera, sobre todo, una medida disuasoria, es decir, que desalentara a los posibles defraudadores. Se incluyeron para ello una serie de sanciones no solo para quien realiza los pagos, sino también para quien los acepta. En concreto, se trataba del 25 % del importe de la operación realizada, y ya sea un particular o una empresa la que esté involucrada.
Con todo, el alcance efectivo de esta medida es difícil de medir después de tres años. En Galicia, la Agencia Tributaria ha recibido 500 denuncias por pagos por encima de esa cantidad; es decir, unas 150 año. El último año se abrieron 65 expedientes, que son los que pueden acabar en una sanción efectiva. Para el conjunto del país, el dato tampoco es espectacular: algo más de 6.000 expedientes abiertos el año pasado por este tema. Una gran mayoría de las inspecciones provienen de registradores de la propiedad, que denuncian directamente a través de un buzón de Hacienda.
A PSOE y Ciudadanos ese tope de 2.500 euros les parece bastante alto, y en el fallido acuerdo que firmaron recogía rebajar esa cifra a los 1.000.
España es, junto con Austria e Italia, el país de la zona euro donde más gusta pagar en efectivo e importes más elevados. Según una encuesta del BCE, quien lo hace es un varón, trabajador autónomo, de entre 25 y 54 años, poseedor de billetes de alta denominación, tanto de 500 como de 200 euros. Esa misma encuesta también concluye que la hostelería y el comercio mayorista y minorista son los sectores, a nivel europeo, en los que más extendido está el uso de los mismos.