Las empresas Abertis y ACS controlan las sociedades concesionales de estas tres autopistas, en las que también participan Sacyr, Bankia y Globalvía
11 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, junto a la autopista de circunvalación de Alicante, quedarán cerradas al tráfico el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asume la gestión de las vías antes de esa fecha. Así se desprende del auto emitido por un juzgado mercantil de Madrid que dicta la liquidación de estas vías, tres de las ocho actualmente en quiebra.
Los juzgados ya habían declarado la liquidación de otras dos de estas autopistas en problemas: la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y AP-36 la Ocaña-La Roda. No obstante, el auto de liquidación se ha emitido «sin efectos suspensivos». Es decir, no quedará en suspenso por el hecho de que el Ministerio de Fomento o las concesionarias lo recurran.
El juez da un plazo de cinco meses para ejecutar la liquidación de las radiales y de la circunvalación de Alicante, dado que «ordena» a sus actuales sociedades concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del día 1 de octubre del 2016». Asimismo, dice que deberá «poner a disposición de la Administración concedente (en este caso Fomento) los bienes, derechos e infraestructuras a los que esté obligado contractualmente».
Así, en el caso de que el 1 de octubre Fomento no asuma la gestión de las autopistas, las vías quedarían sin servicio, dado que la administración concursal tiene el mandato del juez de tener para entonces resueltos todos los contratos, incluidos los de los trabajadores.
De Abertis y Florentino Pérez
Las empresas Abertis y ACS (la constructora de Florentino Pérez) controlan las sociedades concesionales de estas tres autopistas. También participan Sacyr, Bankia y Globalvía. Esta última también participa en Galicia como accionista de la autopista de Santiago a Ourense.
Además de asumir las vías y su gestión, la liquidación puede suponer al Estado atender a la denominada responsabilidad patrimonial ante los actuales concesionarios, una partida que en el caso de las ocho infraestructuras asciende a unos 4.500 millones.