La Xunta trata de frenar los desmanes de las eléctricas con la factura de la luz

Prohíbe facturas estimadas y alzas del alquiler del contador, y Madrid quiere vetarlo


redacción / la voz

La Xunta decidió emprender su particular batalla contra las empresas eléctricas. Para ello incorporó dos artículos específicos en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para este año, en los cuales obliga a las compañías a facturar la electricidad a partir de lecturas reales del contador, nada de estimaciones, salvo acuerdo expreso con el consumidor; y a no subir el precio del alquiler del equipo de medida digital a no ser que esté ya plenamente integrado en el sistema de telegestión. Ambas disposiciones entraron en vigor el 1 de enero, lo mismo que los presupuestos.

La Administración autonómica decidió ser así de expresa y directa a la vista de los cientos de expedientes que le llegan con quejas de consumidores afectados por ese tipo de prácticas, ambas ilegales. Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió informes recordando que el alquiler del contador no se puede subir hasta que el aparato, por muy digital que fuese, estuviese integrado de verdad y enviase entonces los datos telemáticamente. Pero en muchos casos, las distribuidoras (encargadas de renovar los equipos, frente a las comercializadoras, que envían las facturas) aplican esa subida (regulada y autorizada por el Ministerio de Industria) en cuanto los instalan, estén o no telegestionados.

La Xunta prohíbe esa práctica y, además, obliga a devolver el dinero cobrado de forma indebida con anterioridad al 1 de abril.

En esos dos artículos de la ley también conocida como de medidas fiscales, la Xunta también especifica las sanciones a las que se pueden enfrentar las compañías en caso de incumplimiento. Si la comercializadora pasa una factura con consumos estimados se considerará que comete una infracción grave; si lo hace de forma reiterada, sería ya muy grave. Y las multas que establece la ley del sector eléctrico no son precisamente asequibles: hasta 600.000 euros si es grave y entre esa cantidad y seis millones si es muy grave.

Bien, pues estas loables iniciativas legislativas por parte de la Xunta se han dado de bruces con el poder centralista del Estado. Este ha planteado un conflicto de competencias con la Xunta al considerar que los artículos reseñados invaden terreno estatal.

Un grupo para negociar

De momento, tratarán de resolver sus diferencias por las buenas y ambas administraciones han nombrado representantes para una comisión bilateral y un grupo de trabajo, que será el encargado de dirimir el posible choque de competencias mediante unas negociaciones a dos bandas.

Fuentes de la Consellería de Industria avanzaron que los artículos seguirán en vigor pese a la cuestión planteada por el Estado. Destacaron, además, que defenderán su contenido en la comisión bilateral porque entiende que «non entran en confrontación coa normativa estatal, senón que fan concrecións de aplicación de dita normativa para Galicia» en aras de defender los derechos de los consumidores gallegos.

La Xunta recuerda que los usuarios que sean objeto de esas prácticas abusivas por parte de las compañías deben ponerlo en conocimiento de las oficinas municipales de información al consumidor.

El Estado plantea un conflicto de competencias y le dice a la Xunta que no puede legislar

El arrendamiento del aparato inteligente sube un 50 %, hasta los 0,98 euros al mes

El consumidor paga al mes 0,65 euros en concepto de alquiler del contador analógico, el de toda la vida, vaya, ese que poco menos que va a pedales y de cuya lectura es preciso tomar nota para facturar el consumo. Ese precio es regulado, esto es, está fijado por el Ministerio de Industria, no por las compañías eléctricas, lo mismo que la nueva tarifa que se aplicará con la llegada de los contadores digitales, llamados inteligentes porque envían los datos de consumo telemáticamente. El alquiler, en este caso, es de 0,98 euros mensuales. Es decir, un 50 % más que antes, 0,33 más al mes o 3,96 al año. No es para arruinar a nadie, pero tacita a tacita la factura va engordando así como quien no quiere la cosa.

El plan de renovación de contadores eléctricos hará que todos los consumidores cuenten con aparatos digitales a partir del 2018, pero la sustitución se está realizando de forma gradual. El cambio de medidor es gratuita para la cliente, pero la subida del alquiler será inevitable. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya aclaró hace unos meses que no basta con disponer de un contador inteligente para que suba la tarifa. El aparato, además, tiene que estar efectivamente integrado en el sistema de telegestión, algo que debe resolver la compañía distribuidora, no el usuario. Cuando sea así, la facturación del consumo se realizará por horas y aparecerá así reflejado en la factura.

La organización de consumidores Facua denunció que las eléctricas estaban aplicando la subida a los nuevos aparatos aunque no estuviesen integrados.

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