Los Hermida pagarán 442.000 euros por un fraude anterior
23 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los hermanos Alfredo y Manuel Hermida, investigados por un supuesto entramado ilegal de empresas diseñado para defraudar a la Seguridad Social, acaban de ser condenados por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un año de cárcel por un fraude de 221.000 euros de IVA cometido en el 2004 a través de la empresa de seguridad Compavi de Protección Viguesa S.A.
La sentencia ordena a los dos directivos que abonen 221.014 euros de multa y otra cantidad idéntica como indemnización a Hacienda; en total, 442.028 euros. La Audiencia les rebaja 5.781 euros de la sanción y la indemnización porque valoró como auténticas algunas facturas que presentaron los implicados.
La Audiencia absuelve a la madre de los dos empresarios, la cual figuraba como administradora, al considerar que eran los hijos quienes dirigían de facto el entramado de sociedades familiares. Les considera culpables de haber elaborado las declaraciones tributarias sin que se hubiese acreditado que la madre conociese que se dejaban de ingresar determinadas cantidades de IVA. Tenían que haber tributado casi 300.000 euros y solo pagaron 51.160.
La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, les redujo a solo un año la condena inicial de 15 meses que les impuso la jueza de lo Penal número 2 de Vigo en el 2014, porque tuvo en cuenta que hubo dilaciones indebidas durante la instrucción del procedimiento a lo largo de cinco años.
Durante la investigación de este caso, los inspectores de Hacienda descubrieron que Compavi subcontrataba servicios a otra empresa del grupo, la Compañía de Protección y Vigilancia Galaica, así como a Porteros y Controladores Industriales, participadas por las esposas de ambos directivos. Este entramado de sociedades tenía los mismos clientes y le prestaban servicios todas ellas, ya fuese con contrato directo o subcontratadas. Hacienda también descubrió que los dos hermanos estaban autorizados para mover las cuentas bancarias del entramado.
Los peritos revelaron que en el 2005 la firma ya empleaba las mismas tácticas ahora investigadas, porque traspasaban trabajadores de unas empresas catalanas a otras de Vigo mediante contratos y se intercambiaban facturas para despistar al fisco.
La reciente sentencia supone la primera condena en firme para los cabecillas de la red, que han presentado otro recurso contra su segunda condena penal y que está pendiente de resolver.
Otras causas
Además, tienen abiertas tres causas más en los juzgados vigueses. La primera es por un supuesto fraude millonario de IVA, que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Vigo. Por su parte, la jueza de instrucción número 1 de Vigo estudia dos casos más. Uno es la presunta falsificación de cartillas de cursos de formación de guardias de seguridad de Galaica para cobrar subvenciones o desgravar. Por turno, también ha caído en sus manos el último litigio contra los Hermida, un fraude de 2,78 millones a la Seguridad Social por mover 3.500 contratos de camareros en un entramado de cien empresas para no cotizar por sus empleados, coaccionándolos para firmar nuevos contratos y haciéndoles trabajar 60 horas semanales sin pagarles horas extra. Los 13 detenidos (directivos, familiares y testaferros) quedaron libres con cargos por presuntos delitos de insolvencia punible, contra la Seguridad Social, asociación ilícita y vulneración de derechos laborales.
Hacienda y los sindicatos estaban tras la pista del grupo de empresas familiar
La última operación contra la cadena de cafeterías de los hermanos Hermida fue desarrollada por la brigada UCRIF de Extranjería de la Policía Nacional, tras recibir quejas de una camarera a la que no le cuadraban las cuentas de la cotización de la empresa y que llamó la atención a los inspectores de la Seguridad Social. Fuentes tributarias señalan que no les sorprendió la operación porque llevan varios años en busca de pruebas de fraude fiscal por parte de este conglomerado de empresas familiares cuya sede está en la calle Figueiras, número 22, en la parroquia viguesa de Cabral. Por su parte, varios sindicatos y trabajadores habían entablado pleitos laborales descontentos con las condiciones de trabajo. Las denuncias se remontan al año 2009, como mínimo.