Volkswagen ofrece recomprar sus coches trucados en Estados Unidos, pero no en Europa

El escándalo de los motores diésel de Volkswagen ha dado un giro de 180 grados que, de momento, solo beneficia a los estadounidenses afectados por el trucaje de las emisiones, que podrán devolver sus vehículos manipulados a cambio de una compensación. Se trata de uno de los puntos más destacados del principio de acuerdo alcanzado ayer entre el grupo alemán y las autoridades norteamericanas para evitar un juicio que iba a tener lugar en San Francisco (California) y en el que la compañía se enfrentaba a una condena milmillonaria.

El fabricante se ha comprometido finalmente a destinar casi 1.000 millones de dólares (unos 909 millones de euros) a bonificar a los propietarios de los 600.000 vehículos vendidos en el país con motores que habían sido alterados para modificar las emisiones reales de óxido de nitrógeno (NOx). La multinacional recomprará hasta 480.000 de esos coches, por los que pagará 5.000 dólares (4.400 euros) por unidad. Para los otros 120.000 restantes se negociará una solución de reparación, siempre que cuente con el beneplácito de las autoridades estadounidenses.

Tras el principio de acuerdo, el juez ha dado a las dos partes -el fabricante y la agencia federal de protección del ambiente (EPA), que fue la que denunció el fraude en septiembre- un plazo de dos meses, hasta el 21 de junio, en el que deberán preparar un documento final de consenso, que deberá ser informado públicamente y necesitará el plácet del juez.

La claudicación de Volkswagen, con la que intenta aplacar los ánimos de unos consumidores enfurecidos y fortalecer una imagen que se ha venido abajo en ese país, también da la posibilidad de que los afectados vendan sus coches a terceros y reciban a cambio ayudas del fabricante. Además, la compañía asumirá los costes de cancelación de las líneas de crédito que se hubieran contratado para comprar sus vehículos manipulados.

Sin efecto fuera de EE.?UU.

Sin embargo, este acuerdo no abre la puerta a que la empresa aplique las mismas compensaciones en Europa: «El pacto no tiene efectos legales fuera de Estados Unidos», aclaró la empresa presidida por Mathias Müller. El escándalo afecta a casi 10 millones de unidades en todo el mundo, de las que 700.000 se encuentran circulando por España. Una de las principales diferencias del escándalo es que las investigaciones judiciales avanzan mucho más lento a este lado del Atlántico. De hecho, las fiscalías de algunas regiones alemanas o las Italia y Francia iniciaron sus propios procesos judiciales contra la automovilística, aunque todavía se desconocen los resultados de las mismas, lo que relaja la presión sobre la firma y, por tanto, su reacción con algún anuncio que beneficie a los afectados.

Antes de conocer la negativa de Volkswagen a aplicar las compensaciones fuera de EE.?UU., la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, remarcó que «los consumidores de la Unión Europea deben ser tratados de la misma manera que los estadounidenses».

Sin embargo, de momento la única medida que ha adoptado Volkswagen en los países de la UE ha sido llamar a revisión a los vehículos manipulados de forma gratuita. En España, esos trabajos se iniciarán «en breve».

El acuerdo en Estados Unidos ha obligado al grupo germano a aumentar las provisiones para hacer frente al impacto de este escándalo hasta los 20.000 millones de euros, frente a los 6.700 que había reservado inicialmente. Los analistas, sin embargo, estiman que el coste final podría llegar a los 40.000 millones.

Registros en la sede francesa de Citroën

La sombra de la manipulación en las emisiones de los vehículos diésel sigue planeando sobre todo el sector de la automoción, en paralelo a la crisis que vive Volkswagen. Ayer era el grupo francés Peugeot-Citroën (PSA) el que reconocía que los funcionarios de la oficina francesa para la represión del fraude realizó exhaustivos registros en una de sus sedes. La acción se enmarca dentro de la investigación que analiza las «anomalías» de las emisiones en tres modelos de la multinacional.

El propio organismo indicó en un comunicado que «no se anticipa a las conclusiones de la investigación, que ha sido llevada a cabo en el marco de los procedimientos ordinarios». En unas pruebas similares realizadas a principios de año por la comisión Royal -el grupo de trabajo habilitado por la ministra de Medio Ambiente gala para investigar posibles prácticas fraudulentas-, las autoridades detectaron alteraciones en los vehículos de Renault, pero no encontraron indicios de que se utilizase ninguna aplicación informática para modificar las mediciones.

Inspección en Mitsubishi

También ayer, en Japón, un grupo de técnicos del Ministerio de Transportes nipón inspeccionaron uno de los centros tecnológicos de Mitsubishi, después de que la firma reconociera el miércoles la manipulación del software de 625.000 vehículos tanto de la propia compañía como de los que suministra, en parte, a Nissan.

Dependiendo de los resultados de la investigación, el Gobierno japonés podría plantearse exigir el retorno de las ayudas públicas que la empresa ha recibido desde mediados del 2013, cuando se estima que empezó el fraude. Las acciones de Mitsubishi perdieron ayer un 20 % de su valor, con lo que en solo dos días su capitalización bursátil ya se ha reducido en un tercio.

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