Piden año y medio de cárcel para un joven gallego por cobrar el paro y trabajar en el extranjero

El pontevedrés «ocultó» su situación a la Seguridad Social. A lo largo de dos años, el joven percibió «indebidamente» 13.202 euros


Pontevedra / La Voz

Un joven pontevedrés será uno de los primeros gallegos en sentarse en el banquillo de los acusados por un supuesto fraude a la Seguridad Social. Se trata de una modalidad delictiva que se introdujo en el Código Penal en la reforma que entró en vigor en enero del 2013 y que busca erradicar los casos de personas que, percibiendo las prestaciones del desempleo o una pensión, estén trabajando, ya sea cobrando en negro o en el extranjero.

En este caso concreto, el acusado, que carece de antecedentes penales, empezó a trabajar en Inglaterra a principios de junio del 2013, apenas seis meses después de la entrada en vigor de la modificación penal del artículo 307. Sin embargo, y según mantienen desde la Fiscalía de Pontevedra, paralelamente percibió una prestación contributiva durante un año -entre marzo del 2013 y abril del 2014- para, posteriormente, empezar a recibir un subsidio asistencial de desempleo durante los quince meses siguientes. En este punto, y gracias a un laboriosa investigación de la Policía Nacional, desde el ministerio público se mantiene que, desde su salida de territorio nacional y el establecimiento de su residencia en Inglaterra, el pontevedrés «no tiene derecho a percibir la prestación, ni contributiva, ni asistencial de la Seguridad Social». Añade, en este punto, que, de hecho, ocultó «intencionalmente la circunstancia de trabajar y residir en el extranjero», hechos que hubieran supuesto la extinción de ambas prestaciones.

No solo es que hubiese ocultado el hecho de que estaba empleado en el exterior, es que, hasta mayo del 2015, el pontevedrés solicitó hasta en diez ocasiones la renovación de la prestación de desempleo. Con esta forma de actuar, y siempre según lo mantenido desde la Fiscalía de Pontevedra, se habría embolsado indebidamente un total de 13.202 euros.

Se trata de una cantidad que ahora se le reclama -junto con los intereses que se pudieran haber generado- que reintegre a las arcas de la Seguridad Social a modo de indemnización.

En cuanto a la posible responsabilidad penal, el fiscal solicita una pena de dieciocho meses de prisión, así como que se decrete la «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cuatro años».

Una pena intermedia

La condena solicitada por el ministerio público, en todo caso, es una pena intermedia, toda vez que la legislación española establece hasta un máximo de tres años de prisión para los autores de este tipo de fraudes. Por su parte, la indemnización es la menor posible, ya que cabe la posibilidad de instar al pago de una cantidad que suponga multiplicar por el seis el dinero obtenido indebidamente.

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