La Audiencia Nacional abre la puerta a una causa general contra la banca por sobrevalorar las hipotecas concedidas en la burbuja

a. b. MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

BENITO ORDOÑEZ

La Fiscalía pidió el archivo porque era una «práctica generalizada» y no ve indicios de delito

31 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Miguel Blesa tiene un nuevo frente abierto en la Audiencia Nacional. Junto con otros tres ex directivos de la entidad, el expresidente de Caja Madrid tendrá que declarar como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, que ha admitido a trámite la querella de dos particulares -accionistas de la entidad- en la que le imputan la comisión de los delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita por haber concedido hipotecas durante los años de la burbuja sobrevalorando las tasaciones reales de los inmuebles.

La admisión de esta querella abre la puerta a lo que podría llegar a ser una causa general contra todo el sector por sus prácticas comerciales en los años del bum, ya que la concesión de hipotecas sobre tasaciones infladas -otorgaban créditos por encima del 100 % del valor del inmueble- fue «una práctica generalizada». De hecho, ese es uno de los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción esgrimió en un informe emitido hace un año y por el que entonces pidió el archivo de la querella que ahora, sin embargo, De la Mata admite.

El juez se apoya en un informe de la Inspección del Banco de España sobre la cartera hipotecaria minorista, fechado en julio del 2009, en el que se detalla el «agresivo» crecimiento comercial de Caja Madrid en los años denunciados (entre el 2003 y el 2009) y se describe cómo la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba «de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos», obviando, además, otros riesgos.

Operaciones «mal concedidas»

«En muchos casos las operaciones analizadas estaban mal concedidas desde su inicio a clientes sin ingresos regulares» o con ratios de endeudamiento elevadas, recoge el auto, que reproduce lo denunciado respecto a que «al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100 % del precio de compraventa» y que, entre otras prácticas irregulares, que «derivaron en una cartera de alto riesgo», «se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez».

Aunque la Fiscalía no vio relevancia penal en lo denunciado, el juez sostiene que en este momento «tan temprano no se trata de afirmar la existencia de un hecho delictivo, sino de comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia». Y ha citado, aún sin fecha, a Blesa.

La Fiscalía pidió el archivo porque era una «práctica generalizada» y no ve indicios de delito