La espiral judicial de los concursos eólicos en Galicia

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ALBERTO LÓPEZ

Los parques actuales se desarrollaron en los planes estratégicos que se diseñaron entre 1995 y el 2004

18 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Que Galicia sea la cuarta potencia eólica de España (por sus 3.328 megavatios instalados) no es gracias precisamente a los concursos de la Xunta. Ni al primero, lanzado por el bipartito de Pérez Touriño en el 2008, ni tampoco al segundo, de diciembre del 2010. ¿Por qué este fracaso? Porque el primero duró un suspiro y fue anulado dos años después de su gestación por el segundo. Y este último se dio de bruces con la crisis del sector de las energías renovables, con el fin de las primas, que precipitó la paralización en la ejecución de proyectos nuevos.

Así las cosas, los molinos que giran en los 161 parques gallegos proceden en su mayoría de los sucesivos planes eólicos estratégicos que se diseñaron en Galicia a partir de 1995 y que fueron los predecesores de los concursos. A diferencia de estos últimos, eran las propias empresas promotoras las que solicitaban a la Xunta la exploración de un determinado territorio para estudiar la viabilidad de instalar allí un parque. La Administración autonómica le expedía una especie de autorización para investigar. Si los resultados eran satisfactorios, la compañía presentaba un proyecto de parque, que solía ir acompañado de la construcción de fábricas de componentes de los aerogeneradores. Y la Xunta lo autorizaba. Así floreció el negocio, que inició su ocaso con la llegada del bipartito a la Xunta, en el 2004. A partir de ese momento comenzó la cascada de cierres de factorías. En la actualidad solo quedan en funcionamiento la planta de Gamesa en As Somozas y la de Vestas en Viveiro.

El Gobierno PSOE-BNG quiso ordenar el sector y elaborar una planificación y un desarrollo diferente y al año siguiente de llegar a la Xunta paralizó la construcción de parques en aras de elaborar un concurso. Lo hizo, pero en el 2008. Y en el 2010 llegó el PP y lo anuló sacando adelante su propio procedimiento.