La Xunta recurrirá al Supremo el fallo que invalida el concurso eólico actual

Los promotores ven muy grave la situación y temen que sea la puntilla del negocio

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Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga a la Xunta a ir hacia atrás en el tiempo, a diciembre del 2010, para repuntuar todos los proyectos que se presentaron al concurso eólico en vigor. O sea, que vuelva a empezar. ¿Por qué? Porque la comisión de valoración que entonces puso nota a las ofertas incumplió uno de los 14 criterios definidos por la Consellería de Industria. En teoría, obtendrían más puntos aquellos planes industriales asociados a los parques que invirtiesen en sectores estratégicos. Pero ¿cuáles eran esos sectores estratégicos? La consellería no los concretó y la comisión decidió aplicar tabla rasa y puntuar igual a todos en ese capítulo. Y el alto tribunal gallego concluye que hay que rehacer todo el proceso para ajustarlo a derecho. Es el primer varapalo al concurso en vigor, contra el que se presentaron, según la Xunta, 21 recursos, 17 de los cuales fueron desestimados y tres están pendientes de resolución.

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, se apresuró a anunciar que presentarán un recurso de casación ante el Supremo y subrayó que existe un fallo anterior del TSXG de noviembre del 2013 «que valida os criterios e a imparcialidade do Goberno galego» en el concurso. En este sentido, Conde defendió la seguridad jurídica de los promotores. Pero estos no las tienen todas consigo.

La junta directiva de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) calificó ayer la situación de «grave» y «muy preocupante» y ha solicitado una reunión urgente con Conde. Porque el fallo parece echar por tierra cinco años de trabajo y puede dar la puntilla final al concurso. Hasta el momento no se ha ejecutado ninguno de los 1.939 megavatios adjudicados y en vigor, pero las empresas llevan invertidos 970 millones en los planes industriales, que han creado 2.000 empleos, según la Xunta. La sentencia tira todo esto a la basura y abre la puerta a que las empresas, tanto las adjudicatarias como las que quedaron fuera, se lancen a reclamar compensaciones.

Pero la Xunta trató de calmar los ánimos al insistir en que el «concurso está vivo» y que la tramitación de los proyectos seguirá adelante. Ese recurso de casación ante el Supremo paralizará la ejecución de la sentencia del TSXG. De momento.

Una sentencia que puede hundir aún más un sector ahogado por el fin de las primas

Llueve sobre mojado en el sector eólico gallego. Esta sentencia (emitida en respuesta a un recurso presentado por la empresa madrileña Capital Energy, que aspiraba a 235 megavatios) pende como una espada de Damocles sobre unos promotores ya espantados por el fin de las primas a las energías renovables. Antes de este fallo, nada se movía en el negocio gallego, a la espera de mejores tiempos para invertir, pero después de él, aún menos.

El secretario general de EGA, Íñigo Muniozguren, explica que el problemón que les acaba de caer encima (a ellos y a la Xunta) tiene difícil solución. Para empezar, porque aunque el recurso de casación ante el Supremo paralice ahora la ejecución de la sentencia, no existe garantía alguna de que el alto tribunal no obligue, dentro de dos o tres años, a rehacer el concurso. Hasta que no se despeje esa incertidumbre, los promotores no se animarán a invertir ni un euro en Galicia, incluso en el que caso de que el Ministerio de Industria revise las retribuciones a las renovables y vuelvan las primas. Por tanto, el parón del sector será doble aquí.

Pero es que, además, en el caso de que haya que repuntuar todos los proyectos y volver a empezar el concurso, el nuevo resultado será fácilmente impugnable. ¿Por qué? Porque la ley del sector eléctrico de diciembre del 2013 dice adiós a los concursos autonómicos, como el gallego, en los que se adjudicaban los proyectos valorando mejoras como planes industriales y empleo. La nueva ley consagra el principio de la concurrencia competitiva para acceder a megavatios eólicos.

EGA solicitó en varias ocasiones a la Xunta que adopte la normativa gallega a la ley estatal.

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