El Supremo deja en el aire si los grandes inversores pueden reclamar a Bankia

El tribunal rechaza además que la causa penal que se tramita en la Audiencia pueda paralizar las reclamaciones civiles individuales

Goirigolzarri
Goirigolzarri

madrid / la voz

El Tribunal Supremo deja en el aire si los inversores institucionales tienen derecho o no a ser indemnizados por el perjuicio que les ocasionó acudir a la polémica salida a bolsa de Bankia. Hasta el momento, según confirmó el lunes el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, solo 49 de ellos han reclamado. En las dos sentencias avanzadas la semana pasada, pero cuyo contenido íntegro se conoció ayer, el alto tribunal no se pronuncia sobre los grandes accionistas y se limita a sostener que los pequeños inversores no habrían comprado títulos de la entidad si el folleto de la operación no hubiera contenido «graves inexactitudes».

En ambos fallos, en los que analiza los casos de dos familias que adquirieron acciones por valor de 20.868,75 y 9.997,5 euros, respectivamente en la salida a bolsa de Bankia en el 2011, los magistrados enfatizan que los minoritarios no tenían otro medio para informarse que el folleto de la oferta pública de suscripción (ops) que el folleto, al que considera «elemento decisivo» para su decisión de invertir, a diferencia de los institucionales, que disponen de otras vías.

Crítica a la CNMV

En el texto, destacan que los afectados, que confiaban en la información ofrecida por Bankia, y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), buscaban rentabilidad y se encontraron después con que «realmente compraron valores de una entidad al borde de la insolvencia y pérdidas multimillonarias no confesadas». De hecho, la CNMV no escapa de las críticas del Supremo, que argumenta que el supervisor contribuyó a generar «confianza y seguridad jurídica en el pequeño inversor».

Ambas sentencias entienden que los minoritarios pudieron ser inducidos a engaño por unos datos que no se correspondían con la realidad financiera de Bankia, por lo que los afectados recuperarán su dinero al anularse la compra de acciones realizada en el 2011.

El Supremo rechaza además que la causa penal que se tramita en la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones civiles individuales, incluso aunque no se aprecie delito.

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