Los exdirectivos de Pescanova irán a jucio entre julio y septiembre

El juez finaliza la instrucción del caso tras casi tres años de investigación


Vigo / Redacción

En mayo del 2013, el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió investigar a Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, por varios presuntos delitos. Entre ellos, el de falseamiento de información económica, falseamiento de cuentas y uso de información privilegiada.

Junto a él, hasta una veintena de ex altos cargos de la compañía, o responsables de alguna manera de las cuentas de la empresa, que llegó a acumular casi 4.000 millones de deuda, han prestado declaración ante Ruz o ante su sucesor, el juez José de la Mata que, en cuestión de días, dará por cerrado oficialmente la instrucción del caso.

Así lo han confirmado distintos representantes legales, de la acusación y de la defensa, consultados. Aseguran que el sumario está ya concluido con vistas a que el señalamiento del juicio tenga lugar en el plazo de los seis meses siguientes. Estas fuentes coinciden en que el proceso se abrirá entre julio y septiembre, y que, en todo caso, quedará visto para sentencia este año.

«Si no ha concluido antes la instrucción es por la demora de algunas comisiones rogatorias, y porque el juez De la Mata amplió la investigación a Fernando Fernández de Sousa, hermano del expresidente, por venta de acciones con información preferente», afirma un letrado.

Los abogados explican que hay personados en la causa casi un millar de afectados, porque la gestión de los ejercicios 2012 y primer tercio del 2013 que se investiga, además de llevar a la compañía al borde de la quiebra, dejó atrapados a 10.000 pequeños accionistas cuando la CNMV suspendió la cotización de Pescanova (en marzo hará 3 años).

De la relación de acusados que encabeza De Sousa, destacan los nombres de los exconsejeros Alfonso Paz Andrade, Fernando Fernández de Sousa, José Alberto Barreras y Antonio Pérez-Nievas, además de buena parte del equipo de dirección del anterior presidente y algunos de sus familiares directos, entre ellos su esposa, Rosario Andrade (investigada más recientemente, en una pieza separada).

Penas de prisión

Los abogados de la acusación consideran que, a estas alturas, las responsabilidades están claras. Piensan que algunos imputados tienen «muy mala salida», por la rotundidad del informe forense, que deja al descubierto y con todo detalle cómo el 80 % de las facturas que se movían en Pescanova en la época investigada eran falsas. Estas fuentes dan por seguro que los principales acudados serán sancionados con penas de prisión.

Se remiten al artículo 282 bis del Código Penal, que deja claro que «si los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados, falsearan la información económica y financiera contenida en los folletos de emisión o las informaciones que la sociedad debe publicar con el propósito de captar inversores serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años». Añade el artículo que «si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses».

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