Las autonomías son las más lentas en formalizar sus pagos y llegan a tardar hasta 58 días en pagar a sus proveedores, 17 más que medio año antes
11 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A pocos días para conocer los últimos datos oficiales, todo apunta a que, como sostienen colectivos como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) o la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el retraso con el que administraciones públicas y empresas están pagando a sus proveedores se ha incrementado en la recta final del pasado año. Es decir, que las facturas vuelven a descansar en el cajón en lugar de ser abonadas en los tiempos que establece la ley.
Que la tendencia era a que los plazos de pago aumentaran ya lo confirmaron las últimas cifras disponibles, ya que en el último informe del Ministerio de Hacienda, relativo al mes de octubre y hecho público a finales de diciembre, el período medio de pago (PMP) de las deudas de las comunidades autónomas a sus proveedores se situaba en 58,06 días, dos días y medio más que el mes anterior y a mucha distancia de los apenas 41 días que registraron en mayo, el mes en el que la morosidad registró su mínimo desde que Hacienda comenzó su registro, en septiembre del año 2014.
A partir del 2013, la ley establece en 30 días el período máximo de pago, mientras que para las empresas privadas el retraso se eleva a 60 días. Dos años después de haber entrado en vigor, los números confirman el incumplimiento generalizado.
Cuando se entra en morosidad, el afectado tiene derecho a pedir una indemnización por los costes de cobro acreditados. Dicha indemnización llega al 15?% de la cuantía de la deuda, salvo si esta rebasa los 30.000 euros; entonces el límite es el importe de lo reclamado.
«Estamos notando que en esta última etapa del año la mora está creciendo, tanto la de la administración como la de las empresas. El año pasado se notó la inyección de liquidez del Plan de Pago a Proveedores, pero en esta ocasión se perciben las dificultades crecientes de las empresas e incluso que se han creado un menor número de ellas». Así lo asegura Rafael Granados, presidente de ATA Galicia, que incide también en que «aunque la macroeconomía va bien y estamos creciendo, la microeconomía sigue estancada, no acaba de arrancar». Granados subraya que la morosidad acaba estrangulando la actividad, «y muchos autónomos echan el cierre en un período corto, de dos años».
Galicia, más cumplidora
Galicia, con un período medio de pago en octubre de 27,17 días, se sitúa entre las comunidades que, como Asturias, Canarias, La Rioja o Castilla y León, se mantienen por debajo del límite legal, aunque la cifra tiene cierto truco, ya que la estadística oficial anota únicamente los plazos medios de retraso en el pago de las facturas pendientes una vez que han transcurrido los 30 días legales, de modo que, en realidad, la mora que soportan es más abulta.
De hecho, esta diferencia metodológica en el cómputo del problema -que rompe las cuentas de empresas y autónomos- es la que explica que las cifras de mora que ofrecen los informes elaborados por otros colectivos, como ATA o la Plataforma contra la Morosidad, sean mucho más abultados que los de Hacienda.
En su último documento trimestral, la Federación de Autónomos concluía que los períodos medios de pago del sector público triplicaban el máximo que marca la ley (83 días en lugar de 30), mientras que el sector privado se situaba en 85 días en lugar de los 60 preceptivos. Según la misma encuesta, que ATA realiza trimestralmente desde el 2009, en Galicia la administración paga en un plazo medio de 68 días, es decir, sensiblemente inferior a la media nacional, aunque en el último año ha aumentado (casi en un 79 %) el tiempo de espera para pagar a los autónomos, ya que en septiembre del 2014 era de 38 días, 30 menos que en septiembre del 2015. En el sector privado el plazo en Galicia, con 78 días de media, también es menor que el del conjunto del país.
Lo poco alentador del panorama lo corrobora el barómetro de la morosidad de la PMCM, que coincide con ATA en los plazos medios de pago de la administración (82 días) y las empresas (85), aunque dispara hasta los 169 días la mora de las firmas del Ibex 35, una información que levantó ampollas.
Necesidad de más medidas
El mayor retraso en los pagos también lo ha constatado Cepyme en su reciente Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, lo que justifica la necesidad de nuevas medidas que impidan que los impagos estrangulen a empresas y autónomos. ATA pide, entre ellas, «que las que las administraciones públicas exijan obligatoriamente un certificado de pago efectivo a toda la cadena de subcontratación, y establecer un 20% de recargo automático, no negociable, para cualquier factura que se pague fuera del plazo legal establecido, sea el pagador una administración o una empresa».