Sociedades del presidente de Copasa perdieron 13 millones en la operación inmobiliaria con Caixanova

Paga 500.000 euros al año en intereses por un terreno que lleva un lustro parado y que investiga la Audiencia Nacional


Redacción / La Voz

La fiscal de la Audiencia Nacional que investiga una operación inmobiliaria presuntamente irregular realizada por Caixanova escuchó ayer el testimonio del presidente de Copasa, José Luis Suárez, quien habló con contundencia y, en algunos momentos, con cierto tono de crispación, según subrayaron fuentes judiciales. A través de Rivas Aci, una sociedad participada por otras compañías vinculadas a él y a personas relacionadas con Copasa, se adquirieron unos terrenos en el municipio mde Rivas-Vaciamadrid. Había otros dos socios más: Gestión Agesul y Masatec. Todos ellos firmaron una hipoteca de 68 millones y entregaron unos diez más en líquido, elevando la compra del suelo a unos 78 millones. A partir de ahí, hicieron frente a los gastos derivados de la operación. Se vivían entonces en España los últimos años del bum inmobiliario, pero estaba a punto de explotar la burbuja. Fue entonces cuando el crédito se dejó de pagar y Caixanova tuvo que decidir entre quedarse con los terrenos o ejecutar la operación. La opción elegida, explicó el que era director de riesgos, Domingo González Mera, fue la primera para no penalizar ni a la entidad financiera ni llevar a la suspensión de pagos a las empresas vinculadas.

Segunda operación

En ese momento, las sociedades relacionadas con José Luis Suárez ya se habían apuntado una pérdida de más de 13 millones de euros. Las mismas fuentes judiciales apuntaron que el empresario subrayó entonces que fue la entidad la que le pidió que recomprase una parte del suelo residual. De esta manera, Caixanova reduciría la potencial pérdida. Suárez accedió, aunque advirtió en sala judicial que no tenía obligación ninguna de cerrar esta segunda operación.

Se ejecutó a través de Viviendas y Obras Civiles, que adquirió el suelo segregado por un valor tasado de 14,5 millones de euros (se abonaron 1,5 en metálico y por los 13 restantes a través de un préstamo). El fin era construir VPO. Varios de las personas que declararon en la Audiencia coincidieron al explicar que el importe de la tasación del suelo protegido no podía ser otro, ya que simplemente se aplicó la normativa. La Fiscalía, sin embargo, considera que la finca tendría un valor de 26 millones de euros, prácticamente el doble del importe abonado.

Desde hace ya cinco años, Viviendas y Obras Civiles hace frente al pago de 500.000 euros anuales de intereses por un suelo que no quiere ni la Sareb, a la que, según se puso de relieve en la sala de la Audiencia Nacional, el empresario gallego ya se la ha ofrecido en varias ocasiones pero sin éxito. Los terrenos sobre los que recaen las dudas de la Fiscalía siguen sin haber sido ni urbanizados ni construidos.

Las declaraciones en la Audiencia por este caso finalizaron ayer. Ahora queda pendiente de saber si la jueza continúa la instrucción o archiva el caso.

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