El Tribunal General de la Unión Europea confirma que no constituía ayuda de Estado, exime a los inversores de devolver los beneficios fiscales obtenidos y condena en costas a la Comisión
17 dic 2015 . Actualizado a las 17:27 h.El Tribunal General de la Unión Europea ha anula la decisión de la Comisión Europea contra el sistema de bonificaciones fiscales a la construcción de buques en astilleros españoles, denominado «tax lease», que estuvo en vigor entre los años 2007 y 2011 y que Competencia declaró ilegales, tras una demanda de astilleros europeos encabezada por Holanda. La justicia europea declara así que el «tax lease» español no constituía ayuda de Estado, eximiendo a los inversores de devolver los beneficios fiscales obtenidos y condenando en costas a la Comisión.
El Tribunal respalda los argumentos de los astilleros privados representados por Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros) en contra de la decisión.
Almudena López del Pozo, Consejera Delegada de Pymar, se ha mostrado esta mañana satisfecha por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y afirma que «PyMAR estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español».
En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre estados miembros, «no está suficientemente motivada».
Antecedentes
El caso se remonta al año 2013, cuando la Dirección General para la Competencia, bajo presidencia del español Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre los años 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.
Bruselas estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques (entidades financieras y empresas), pero no los armadores ni los propios astilleros.
Durante los tres años que el caso ha estado en los tribunales, España ha desarrollado y puesto en vigor un sistema de financiación alternativo (nuevo «tax lease») en vigor desde finales del 2014, que ha ayudado a la contratación de 25 buques en España, pero ninguno de ellos en Galicia.
De hecho, la comunidad gallega ha sido la más afectada por la sentencia de Bruselas, no solo por el importe de las devoluciones (supondrían el 50 % del total) sino por la paralización total del sector que supuso la anulación del viejo «tax lease» que ahora Luxemburgo considera totalmente legal.