El Tribunal Supremo obliga a revisar el margen de beneficio de las eléctricas y, por tanto, a refacturar la electricidad desde abril del 2014
19 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.A finales de marzo del 2014, el Gobierno dictó un real decreto que cambió el modo de calcular la tarifa regulada de electricidad, aquella a la que están abonados 13 millones de consumidores (millón y medio en Galicia, aproximadamente). Esa norma desterró para siempre la celebración de subastas trimestrales para determinar una parte de la factura -la del coste de la energía- y consagró el mercado mayorista como nuevo modelo a aplicar. Así se hace desde entonces. La norma también fijó el conocido como margen de comercialización, es decir, el dinero que se lleva la empresa con la que el cliente tiene pactado el suministro eléctrico. Quedó establecido en 4 euros al año por cada kilovatio de potencia contratada, que suponen 280 millones de euros al año, según publicó el diario económico Cinco Días.
Ni a Gas Natural Fenosa ni a Iberdrola les parecieron suficientes esos 4 euros por kilovatio para cubrir los costes y presentaron un recurso contencioso contra el real decreto. Denunciaban que esa cantidad era escasa y que, además, había sido fijada por el Gobierno pero sin mediar una metodología objetiva para calcularla. Y el Tribunal Supremo acaba de darles la razón en ese último punto. Lo hace por la simple razón de que la propia ley del sector eléctrico (aprobada por este Gobierno) obliga a elaborar unos criterios para determinar los costes de comercialización y el porcentaje que deben llevarse las eléctricas. La ley lo dice, pero tal metodología no existe.
El Supremo sentencia que el Gobierno incurre en «arbitrariedad» al establecer el margen «de forma inmotivada y sin explicar en absoluto los criterios empleados para llegar a dicha cifra».
¿Consecuencias de estas sentencias? Que el Gobierno encomendará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que elabore la metodología de cálculo. Fuentes del sector subrayaron que el Supremo no se mete en si esa cantidad es suficiente o no, solo que es preciso redactar unos criterios objetivos que la justifiquen.
En cuanto la CNMC fije la metodología habrá que refacturar a los 13 millones de clientes de tarifa regulada desde abril del 2014. Y es probable que sea al alza si finalmente el dictamen de Competencia concluye que el margen no cubre los costes de comercialización.
Esta revisión de las facturas afectará a los clientes del mercado regulado, que está supervisado por el Ministerio de Industria. En el lado contrario está el mercado libre, en el que cada cliente pacta las condiciones con su comercializadora.