El G-20 da luz verde al plan para que las multinacionales no eludan impuestos
15 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las grandes compañías buscan cualquier resquicio legal para pagar menos impuestos. Que el problema se ha enquistado en los últimos años es algo que conocen bien las agencias tributarias. Desde filiales en países con baja tributación -o en paraísos fiscales- hasta traslado de beneficios de un lugar a otro según la conveniencia a la hora de pagar menos impuestos, prácticas de tax ruling (buscar reglas más favorables), abuso de los convenios de doble imposición...
Se estima que las prácticas de elusión pueden suponer entre un 4% y un 10% de la recaudación mundial del impuesto de sociedades. Es decir, las empresas se ahorran por esa vía entre 90.000 y 215.000 millones de euros en tributos, según la OCDE.
Sus datos revelan que las grandes firmas transnacionales tributan entre 4 y 8 puntos menos que las empresas que solo operan en un país. Para combatir esta planificación fiscal agresiva resulta necesaria una coordinación internacional. Y eso es lo que pretende ser el llamado plan BEPS, un proyecto contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios que se conoce por sus siglas en inglés. Ha sido impulsado desde la OCDE y aspira a convertirse en la mejor arma contra la evasión fiscal de las multinacionales.
En las próximas horas los jefes de Estado y de Gobierno del G20 -que se reúnen desde ayer en Anatolia (Turquía)- ratificarán de manera definitiva el programa elaborado desde el 2013 y cuya implementación por fases todavía se prolongará varios años.
Mejorar la transparencia
Entre las medidas más importantes destaca la transparencia. BEPS considera fundamental mejorar la «disponibilidad de los datos» de los gobiernos para mejorar la investigación sobre el traslado de beneficios de las empresas. Reconoce que existe «una creciente desconexión entre el lugar donde se llevan a cabo las inversiones y las actividades que generan más valor y donde se declaran los beneficios». Es decir, las empresas logran pagar sus impuestos donde la tributación resulta menor en vez de en donde tienen su negocio.
Para corregirlo, las compañías con unos ingresos superiores a los 750 millones de euros deberán informar desde enero del 2016 sobre los datos de su actividad país por país. Deberán comunicar de manera individualizada cuántos beneficios obtienen, los impuestos que pagan, sus activos tangibles, los trabajadores que tienen en cada país, etc. España se ha adelantado y la medida ya se aplica, pero la información no es pública. «La Agencia Tributaria va a conocer dónde se producen los beneficios de la compañía», apunta el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.
El «tax ruling» queda como la gran asignatura pendiente
Una de las prácticas preferidas por las multinacionales es el acuerdo con los gobiernos para instalarse en un país a cambio de una tributación más ventajosa. Es lo que se conoce como tax ruling y que tiene en el escándalo del llamado Luxleaks el ejemplo más reciente. En este caso, el Gobierno luxemburgués -dirigido entonces por el ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker- pactó en secreto con más de 300 grandes empresas una menor tributación que, en algunos casos, supuso un gravamen inferior al 1 % de los beneficios.
Pese a la indignación que provocó este descubrimiento, el programa BEPS no contempla acabar con estas prácticas. De hecho, no hay una referencia explícita a ellas, aunque los expertos insisten en que con el intercambio de información más intenso y automatizado entre los distintos países firmantes se deberían detectar estos abusos que se convierten en la gran asignatura pendiente contra la elusión.