La asociación de usuarios toma la medida porque ni la Fiscalía Anticorrupción ni el propio banco han recurrido las «irrisorias» penas impuestas
04 nov 2015 . Actualizado a las 12:11 h.La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) impugnará los recursos de los exresponsables de Novacaixagalicia contra la condena a dos años de prisión por el cobro indebido de 14 millones en prejubilaciones para evitar que logren una minoración de sus penas.
La asociación ha tomado esta decisión después de que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el propio banco, que ejercía como acusación particular, hayan recurrido las «irrisorias» penas impuestas por la Audiencia Nacional al ex copresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas.
En una nota de prensa, Adicae ha lamentado esta actitud de las acusaciones porque han dado «por bueno el castigo» a los ejecutivos, poniendo así «la guinda a un juicio-farsa». Dicha actitud ha empujado a la asociación a no presentar su propio recurso porque como acusación popular «su papel estaría fuertemente limitado».
Además, Adicae añade que el juicio dejó fuera «aspectos clave» como «el masivo fraude de las preferentes», por lo que si hubiera decidido recurrir no hubiera podido ir más allá de lograr un año más de prisión para los condenados. Por todo ello, la asociación apuesta por una reforma del Código Penal que no deje impunes a los delincuentes de «cuello blanco», ya que la actitud de las otras acusaciones confirma la intención de las instituciones de «proteger a la banca y silenciar del debate público la quiebra de las cajas de ahorro».
Adicae convocará una mesa de organizaciones políticas y sociales para abordar la «impunidad de los crímenes de las cajas» para solucionar un «fraude generalizado» que, de no corregirse, «está llamado a repetirse». En su sentencia, la Audiencia consideraba que NCG, entidad nacida de la fusión de Caixanova, de la que procedían tres de los acusados, y Caixagalicia, que dirigió Fernández Gayoso, valía 181 millones pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 por los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron en 2010. Una cantidad que, en realidad, fue sufragada por el fondo de rescate español, el FROB, que «posibilitó» que la entidad «subsistiera gracias al dinero público inyectado», que fue de un total de 9.052 millones.
Precisamente, la sala señalaba que el fondo ha sido el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que obligaba a los condenados a devolver las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a NCG.