Los directivos de la antigua caja, condenados a devolver 14,5 millones

Sofía Vázquez, Ana balseiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Fernando Villar | Efe

Se los tendrán que reintegrar al FROB, pero conservarán sus planes de pensiones

23 oct 2015 . Actualizado a las 09:21 h.

El juicio por las indemnizaciones millonarias a los exdirectivos de las cajas gallegas ya tiene veredicto. El tribunal de la Audiencia Nacional ha concluido que José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán son culpables de un delito de administración desleal y apropiación indebida. Y Julio Fernández Gayoso -que fue copresidente de Novacaixagalicia- y el abogado Ricardo Pradas, los cooperadores necesarios. Cada uno de ellos ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de diez meses a una cuota diaria de 250 euros (75.000 euros).

Los tres antiguos directivos tendrán que devolver, además, 14,2 millones de euros cobrados indebidamente, y Gayoso y Pradas serán responsables subsidiarios si no lo abonan. En concreto, Pego está obligado a reintegrar 8,7 millones de euros; Gregorio Gorriarán 5,28 millones y Rodríguez Estrada 240.354 euros. Todo ello para el FROB, que llegó a poner 9.000 millones para reflotar la entidad.

El tribunal inhabilita a los exbanqueros para ejercer empleo alguno dentro del sector durante el tiempo de condena y a Pradas a no trabajar como abogado ni a realizar asesoramiento alguno dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, no tendrán que devolver nada de sus millonarios planes de pensiones. Hasta que la sentencia sea firme, la entrada en prisión de los acusados queda suspendida y, en todo caso, supeditada al criterio del tribunal.

Un único absuelto

El sexto acusado, Javier García de Paredes, que había ocupado la dirección general adjunta ejecutiva de Novacaixagalicia, ha sido absuelto sin que se le imputen ningún tipo de responsabilidad penal ni civil al retirarse todas las acusaciones (ocurrió en el juicio, este pasado verano, una vez practicadas las pruebas periciales). Tal y como señala la propia sentencia, la posible responsabilidad civil deberá exigirla el FROB en la vía laboral, y allí intentar recuperar la indemnización abonada a este directivo.

El fallo publicado ayer -que defiende la actuación de los funcionarios del Banco de España y del FROB de manera expresa- recoge que directivos de Caixanova aprovecharon el proceso de fusión con Caixa Galicia para cambiar sus contratos y lograr «unas ventajas económicas en caso de que los nuevos gestores e inversores no contaran con sus servicios». Era otoño del 2010.

El tribunal entiende que el sobrecoste que estos contratos iba a tener se le ocultó al consejo de administración de Novacaixagalicia, «entidad de escasa viabilidad económica en la que el FROB iba a inyectar e inyectó en diciembre del 2010, un total de 1.168 millones de euros», ayuda pública que, según se recuerda en el fallo, fue incrementándose hasta superar los 9.000 millones de euros.

En ese cambio de contratos Julio Fernández Gayoso y el abogado Pradas fueron colaboradores «necesarios e imprescindibles». Y sin su actuación «el delito no se hubiera cometido», dice la sentencia. Mientras, Javier García de Paredes, cuyo primer contrato de alta dirección tuvo lugar 30 días después de que la nueva entidad (diciembre del 2010) ya estuviese en funcionamiento, «les proporcionó la coartada perfecta». «Al hacerle un contrato igual o similar [al único directivo proveniente de Caixa Galicia] se enmascaraba la celebración de los otros tres contratos de los directivos de Caixanova», se lee.

Varias veces en los 188 folios en los que desgrana el veredicto, los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz -que ejerció como ponente-, recuerdan que Caixa Galicia era una entidad prácticamente quebrada y que Caixanova «estaba un poco mejor pero también estaba mal». Los desequilibrios hacían que las cajas no pudieran funcionar solas, y aunque el proyecto de fusión se cuestionó, finalmente, recibió el apoyo del Banco de España y de las autoridades europeas. Al final, recuerda el fallo, la entidad fue valorada en 181 millones, los contratos de los directivos obligaron a provisionar 29,9 millones y a ellos se le abonaron 24.