Galicia tendrá en breve una regulación específica sobre el almacenamiento, gestión y aplicación de las deyecciones ganaderas. Una normativa que se espera acabe con los conflictos vecinales que provoca el empleo como fertilizante del purín, el estiércol o la concha de mejillón.
Una de las principales novedades es la que fija las distancias mínimas a las que se autoriza el empleo de estos abonos orgánicos: nunca a menos de 50 metros de distancia de viviendas, fincas residenciales u otros alojamientos ganaderos. Igualmente se impone una franja de seguridad de cinco metros en el entorno de las autopistas y carreteras nacionales; de tres para vías locales y comarcales; y tan solo uno para caminos rurales. El decreto, que se espera entre en vigor a principios de año -está en fase de presentación de alegaciones-, también restringe el uso de purines en parcelas con una pendiente superior al 20 % o sobre fincas nevadas o encharcadas.
Pese a que la norma es muy clara a este respecto, se abre, sin embargo, la posibilidad de permitir la aplicación de purines en determinadas condiciones si el producto se infiltra directamente en el terreno o se practica un laboreo inmediatamente después, aspectos ambos que permitirían minimizar los efectos molestos.
