La Xunta vetará el empleo de purines a menos de 50 metros de las viviendas

Galicia tendrá en breve una regulación específica sobre el almacenamiento, gestión y aplicación de las deyecciones ganaderas. Una normativa que se espera acabe con los conflictos vecinales que provoca el empleo como fertilizante del purín, el estiércol o la concha de mejillón.

Una de las principales novedades es la que fija las distancias mínimas a las que se autoriza el empleo de estos abonos orgánicos: nunca a menos de 50 metros de distancia de viviendas, fincas residenciales u otros alojamientos ganaderos. Igualmente se impone una franja de seguridad de cinco metros en el entorno de las autopistas y carreteras nacionales; de tres para vías locales y comarcales; y tan solo uno para caminos rurales. El decreto, que se espera entre en vigor a principios de año -está en fase de presentación de alegaciones-, también restringe el uso de purines en parcelas con una pendiente superior al 20 % o sobre fincas nevadas o encharcadas.

Pese a que la norma es muy clara a este respecto, se abre, sin embargo, la posibilidad de permitir la aplicación de purines en determinadas condiciones si el producto se infiltra directamente en el terreno o se practica un laboreo inmediatamente después, aspectos ambos que permitirían minimizar los efectos molestos.

La normativa también persigue regular el uso de otros productos potencialmente nocivos para el medio como los efluentes del ensilado o el agua procedente de la limpieza de las instalaciones ganaderas, además de los equipos de ordeño y almacenamiento de leche. Del mismo modo, se regula la utilización de la concha de determinados moluscos -la del mejillón se usa como fuente barata de calcio para bajar el ph de la tierra- como fertilizante agrícola siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones. En este sentido, la Xunta vigilará que este subproducto provenga de cocederos o fábricas de conservas, donde debe haber sido lavado con agua dulce tras su tratamiento térmico y triturado de 10 milímetros.

Varios tipos de multas

Si bien el decreto autonómico no establece un régimen propio de sanciones, sí remite a lo establecido en normativas como las de sanidad animal y seguridad alimentaria. Esta legislación recoge multas de entre 901 y 45.000 euros para casos de abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, siempre y cuando estos no provocasen un grave peligro para la salud de las personas o producido un daño grave para el medio ambiente. En caso contrario, las sanciones se calificarían como de muy graves y derivarían en multas de más de millón y medio de euros.

La puesta en marcha de esta medida obligará a muchas granjas a reajustar los tamaños de sus fosas de purín dado que se establece la necesidad de disponer de capacidad suficiente para almacenar la producción de los animales durante cuatro meses. Del mismo modo, también se impone la necesidad de que las balsas estén completamente valladas y de que los estercoleros que se construyan a partir de la entrada en vigor del decreto deban disponer de una plataforma de hormigón, cubierta y balsa para recoger los líquidos que genere.

Los desechos. Al año, 25 millones de metros cúbicos

La gestión de los purines es muy relevante en el campo. Solo el ganado bovino produce en Galicia más de 25 millones de metros cúbicos de residuos anuales (cada vaca genera entorno a 55 kilos diarios) que pueden ser valorizados por las explotaciones agrícolas y ganaderas. Una correcta gestión de los purines puede supone a las granjas ahorros de hasta 300 euros por vaca en sus costes de fertilización.