Audi y Skoda admiten que colocaron 3,3 millones de coches trucados
29 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Primeras consecuencias jurídicas del escándalo Volkswagen. La fiscalía alemana de Braunschweig, situada en el Estado de Baja Sajonia, ha abierto una investigación contra el expresidente de la compañía Martin Winterkorn por un delito de fraude. «El objetivo de las diligencias es, sobre todo, aclarar responsabilidades», aseguró ayer en un comunicado la Oficina Central para Delitos Económicos de la fiscalía, que ya había advertido de posibles acciones legales.
Las autoridades alemanas reaccionan así a las denuncias, en su mayoría de particulares, presentadas durante los últimos días contra el consorcio automovilístico, tras hacerse público que trucó sus motores diésel para que pasaran los estrictos controles de la autoridad medioambiental estadounidense. A esta investigación se le suma la que inició la semana pasada el Gobierno de Angela Merkel.
La cosa se pone seria para el antiguo directivo de VW. Tanto que, de haber indicios suficientes, podría terminar ante los tribunales. Winterkorn dimitió el miércoles pasado. Según dijo fue una decisión voluntaria, pero la realidad es que su renuncia era inevitable a raíz de la presión mediática, empresarial y política que ha generado el escándalo en Alemania.
Aquel día, el consejo de supervisión de Volkswagen insistió en que Winterkorn desconocía las prácticas fraudulentas de la compañía, algo que los medios alemanes ponen en entredicho. Es más, publicaciones recientes apuntan a que la empresa había sido advertida en varias ocasiones de que el software que empleaban sus vehículos para medir las emisiones de gases contaminantes no respetaba los límites legales. La primera de ellas habría llegado de la mano de Bosch, proveedor habitual de Volkswagen y precisamente el responsable de crear el software fraudulento, que en principio fue concebido solo con fines experimentales.
Según cálculos del propio consorcio automovilístico, en todo el mundo hay 11 millones de vehículos afectados por la manipulación. Casi la mitad de ellos son de la marca Volkswagen; el resto de sus filiales. Ayer se dio a conocer que 2,1 millones de vehículos de la casa Audi llevan incorporado el EA 189, el motor turbodiésel que emite más óxido de nitrógeno de lo que indica durante los test. La checa Skoda, por su parte, cifró en 1,2 millones los coches trucados. De Seat, nada se sabe aún.
La Agencia de Vehículos Motorizados le ha dado a Volkswagen de plazo hasta el 7 de octubre, para que presente una lista detallada con los modelos que incorporan el software de la polémica. El consejo de supervisión de VW se reunirá mañana para debatir sobre la manipulación de los coches, que, según la agencia de noticias germana Dpa, podría haberse decidido aplicar entre el 2005 y el 2006 con la idea de aumentar las escasas ventas del grupo en Estados Unidos.
De escándalo en escándalo
Pero Volkswagen no se recupera de un escándalo y ya está metido en otro. En Brasil el consorcio alemán se enfrenta a una denuncia por colaborar con la dictadura militar (1964-1985). Al parecer, la multinacional habría permitido que el Departamento de Orden y Política Social (el principal órgano represor por aquel entonces) torturara, espiara y detuviera ilegalmente a cerca de una veintena de trabajadores de la compañía.
El cambio de presidente no consigue frenar la sangría en la bolsa
Los esfuerzos de Volkswagen por limpiar su imagen no están dando, de momento, los frutos deseados por la multinacional. Al menos en la bolsa. Tanto es así que ayer las acciones del gigante alemán del automóvil se dejaron un 7,46 % de su valor. Y eso, en la primera jornada hábil después de que la compañía anunciara el pasado viernes el nombre del elegido para sustituir al volante al hasta el miércoles presidente de la multinacional, Martin Winterkorn: el jefe de Porsche, Mathias Müller.
Tras este último desplome de la cotización, y desde que estalló el escándalo, los títulos de Volkswagen acumulan un varapalo del 35 %.
Consecuencias millonarias
Müller ha prometido aclarar todos los fallos y engaños que se hayan podido producir desde que la empresa comenzó a instalar el software de la discordia en sus vehículos. Una farsa que le puede acabar constando a la multinacional miles de millones de euros por las sanciones derivadas de las querellas o investigaciones penales abiertas, sobre todo, en Estados Unidos y Alemania. De momento, la compañía ha provisionado 6.500 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que se deriven de esos frentes judiciales y los gastos que le puedan ocasionar las acciones que va a tener que llevar a cabo para las acciones necesarias para revisar los modelos afectados. Una cifra que se le hace poco -muy poco- a la mayoría de los analistas, a la vista de la magnitud del escándalo.