El bono social de la luz ha excluido a 200.000 beneficiarios en tres años

Solo incentiva potencias instaladas bajas, insuficientes para muchas familias

La iluminación de la vivienda consume hasta un tercio de la potencia instalada.
La iluminación de la vivienda consume hasta un tercio de la potencia instalada.

madrid / colpisa

La única ayuda oficial disponible para ciudadanos con dificultades para afrontar los gastos energéticos de sus viviendas se deja por el camino a 200 familias por día. Así lo indica el registro de usuarios acogidos al bono social eléctrico.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta el pasado abril (último dato actualizado), había 2.468.755 titulares beneficiarios del descuento del 25 % sobre el importe del consumo realizado cada mes en el hogar. Tres años antes, cuando arrancaba la actual legislatura, el sistema contabilizaba 2.661.721 hogares bonificados.

El resultado es que, en estos tres años, el número de viviendas acogidas al bono social se ha reducido en 192.966.

Esta evolución contrasta con los registros de paro y pobreza energética del país. Por ejemplo, el número de viviendas que no pueden mantener una temperatura idónea en sus hogares por la imposibilidad de afrontar las facturas de luz pasó del 6,4 % (dato del 20011) al 11,1 % del año pasado, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Casi se han duplicado las casas que viven en condiciones energéticas insuficientes.

Además, en este mismo período, se incrementó el número de viviendas en las que todos los miembros de la familia se encuentran en situación de desempleo, hasta los 1,83 millones, tal y como indicaba la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año.

Y hasta el coste anual de la electricidad en el presupuesto de los españoles pasó de los 2.200 euros del 2011 a los 2.400 euros del año pasado, lo que supone un incremento del 4,5 %.

A pesar de esta realidad social, son varias las causas imputables a la caída en los beneficiarios del único programa de ayuda energética que existe en España.

Potencia insuficiente

Al bono social se pueden acoger los titulares de contratos eléctricos cuya potencia instalada sea, como máximo, de 3 kilovatios (kw), por lo que el ámbito de perceptores se queda muy restringido en comparación con los 22 millones de usuarios domésticos que tiene el sistema.

Y es que esa potencia máxima es insuficiente para el uso habitual que se puede hacer en cualquier hogar. Solamente con la energía consumida por un frigorífico (unos 0,35 kilovatios), más un televisor (0,40 kw), una lavadora (hasta 2,2 kw) y la iluminación (hasta 1 kw) ya supera la potencia máxima requerida para acogerse al bono social.

Al no poder subsistir con una potencia tan escasa de hasta 3 kilovatios, muchas familias se ven obligadas a aumentar en parte su potencia contratada hasta tramos como el de 4,6 kw o el de 5,75 kw (los más habituales).

En los tres últimos años, el número de hogares con una potencia instalada de hasta 3 kilovatios beneficiarios del bono eléctrico pasaron de 2,17 a 1,89 millones. De hecho, si en el 2011 este colectivo representaba el 81,6 % del total de los perceptores, ahora ese dato ha caído hasta el 76 %.

El segundo gran colectivo que se beneficia del bono social es el de los pensionistas, independientemente de la potencia que tengan contratada, siempre que cobren una prestación de las consideradas mínimas.

Pues bien, los pensionistas que tienen bono social han caído hasta los 301.992, frente a los 304.760 de hace 3 años.

Jubilados y parados

Por su parte, los parados constituyen el grupo de beneficiarios del bono social que más disparidad muestra con respecto a las estadísticas oficiales. Se exige que el titular resida en un hogar en el que todos sus miembros se encuentren desocupados.

La EPA indica que son más de 1,8 millones en todo el país. Al bono social apenas se encuentran acogidos 65.000. Apenas representan un 3,6 % del total. Aunque también es cierto que los perceptores de esta ayuda aumentaron un 50 % en los 3 últimos años.

Una bonificación polémica que se modificó para evitar su elevado coste

El sistema de ayudas al consumo eléctrico para familias vulnerables ha pasado por numerosos altibajos desde que se constituyera en el año 2009. En aquel momento, los beneficiarios no solo disponían de un descuento en el consumo, sino también en la parte de la factura de la potencia, cuyo coste era nulo para estos usuarios.

Un año después, con la crisis económica en auge, la bonificación dejó de financiar la parte de la potencia para centrarse en la de la energía gastada.

Además, las propias compañías del sector protestaron por su gestión. Por ejemplo, Iberdrola denunció el mecanismo de asignación de costes del Ministerio de Industria por discriminatorio y consiguió que el Tribunal Supremo le diera la razón. El Alto Tribunal dictaminó que el importe debía cargarse a las compañías que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización.

Parte de la sangría de beneficiarios registrada hasta ahora se debe a que desde el 2013 cambiaron las condiciones para obtener este descuento. Desde entonces, Industria obliga a que, además de cumplir con alguno de los tres requisitos básicos (potencia inferior a 3 kilovatios, pensionistas con prestaciones mínimas, parados o familias numerosas), el titular del contrato no tenga una renta superior al 120 % del salario mínimo interprofesional (unos 10.900 euros).

El coste anual del bono social roza los 200 millones, que se reparten entre una treintena de compañías eléctricas, aunque son las grandes firmas del sector (Endesa, con el 42,2 %; Iberdrola, con el 39,2 %; y Gas Natural Fenosa, con el 12,2 %) las que asumen la mayor parte del coste de esta factura.

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