Investiga el parón a la reforma de servicios profesionales y la apropiación de competencias en regulación eléctrica
10 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Europea suele tender a hacer escarmientos entre algunos de sus socios para ejemplo de otros. Y aunque normalmente suelen ser los Estados más pequeños, también les puede tocar a los teóricamente grandes? o casi. España es uno de ellos y está en el objetivo de las autoridades comunitarias por dos asuntos espinosos donde, curiosamente, el Gobierno pretendió en su día dar ejemplo.
De un lado, la frustrada reforma de los colegios y servicios profesionales, que ha quedado definitivamente guardada en los cajones. Por otro, la apropiación de competencias que en su día la Administración cedió libremente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajo el fin de crear un superregulador pretendidamente independiente y muy poderoso.
Posibles sanciones
El primer caso es, quizá, el más llamativo porque el Ejecutivo puede pasar de estar a la vanguardia de Europa a quedarse en la retaguardia. O, al menos, es la imagen que daría si en Bruselas terminan sancionando a España, junto a otros cinco socios europeos (Alemania, Austria, Polonia, Chipre y Malta), porque los requisitos que han de cumplir en esos países los prestadores de determinados servicios no se ajustan a las directivas comunitarias.
A mediados de junio, la Comisión abrió a los seis Estados un primer expediente informativo donde les requería que en el plazo de dos meses respondieran a su requerimiento con argumentos y pruebas que demostraran que sus acusaciones eran erróneas. Las autoridades europeas les reprochan que sigan manteniendo en sus territorios respectivos barreras a la libre prestación de servicios profesionales, en forma de restricciones a participar en una sociedad, de las titulaciones que son necesarias para ejercer o incluso de las tarifas a cobrar.
En el caso concreto de España, además, se pone el énfasis en los aranceles que cobran los procuradores y en la incompatibilidad que tienen para ejercer como abogados en algunas actividades. La filosofía es común en toda Europa: no debe haber tarifas mínimas porque quiebran la competencia y perjudican al cliente.
Parte de estos problemas eran subsanados en el primer borrador que elaboró el Ministerio de Economía. Se eliminaban barreras entre arquitectos e ingenieros, se liberalizaba la actividad de los titulares de farmacias y se rompía con las trabas entre abogados y procuradores.
Pero la fuerte polémica surgida entre los propios profesionales llevó a Economía a ralentizar el proyecto. En junio del 2013 presentó otro texto que prescindía ya de los puntos más conflictivos. No se volvió a tener noticias de la reforma hasta un año después. El ministro Luis De Guindos anunció que en septiembre del 2014 se presentaría el proyecto al Consejo de Ministros pero, de lo dicho, finalmente nada.
«Laguna» preocupante
Otra «laguna» en la legislación española en materia de liberalización económica que preocupa a Bruselas es también controvertidas y afecta a la regulación de los peajes eléctricos (retribución a las renovables, transporte, distribución?), que suponen casi la mitad del recibo de la luz. Una atribución deseada por sus evidentes efectos electorales (de hecho, acaban de bajar el recibo por esa vía).
El Ministerio de Industria concedió esta atribución al nuevo superregulador, la CNMC. Pero decidió recuperarla hace un año y, además, por la puerta de atrás (a través de una enmienda a la ley de metrología), con el pretexto de unificar criterios, evitando «problemas de interpretación y, por ende, de falta de seguridad jurídica». Sin embargo, ningún Gobierno europeo la tiene, advierten desde la CE, donde le acusan de extralimitarse.