La inspectora jefa no asume el informe de Hacienda contra Rato

Tres meses después de su detención y tras el interrogatorio de la responsable de la Oficina contra el Fraude, el exbanquero se sentará mañana ante el juez


madrid / la voz

Mañana, a las 11 de la mañana. Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado 31 de la plaza de Castilla, en Madrid, el juez que instruye el llamado caso Rato, ha citado a declarar en calidad de imputado al que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar. El interrogatorio de Rodrigo Rato tendrá lugar tres meses después de su mediática detención el pasado 16 de abril y 48 horas después de que Margarita García-Valdecasas, responsable de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), declarara como testigo sobre el informe de su departamento que desencadenó la investigación y posterior detención del ex director gerente del FMI.

La Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía de Madrid, que a su vez lo hizo ante el juzgado, la presunta comisión por parte de Rato de cinco delitos fiscales, así como uno de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, ya que el expolítico popular se acogió a la amnistía fiscal, pero sin declarar a Hacienda todo su dinero en el exterior.

El informe de la oficina antifraude sobre el patrimonio de Rato y su «entorno», sobre el que declaró la responsable del organismo, lo cuantifica en un «mínimo» de 26,60 millones de euros y «no se incluyen activos en el exterior», como un hotel en Berlín donde invirtió casi 3,5 millones, o los posibles bienes de una sociedad vinculada a Gibraltar. Pues bien, García-Valdecasas aseguró ayer ante el juez que ella se limitó, «como es habitual», a estampar su firma en el documento que elaboraron los funcionarios y que asfaltó el camino a la denuncia de la Fiscalía contra el exvicepresidente del PP.

Interrogada por el magistrado sobre el famoso informe, la responsable de la ONIF lo definió como «una denuncia temprana sobre posibles riesgos», informa Efe. Los abogados del exbanquero, presentes en la declaración, insistieron una y otra vez en preguntarle si las acusaciones contenidas en ese documento eran lo suficientemente sólidas, y ella se escudó en que las conclusiones de los funcionarios se basaron en datos contenidos en los ficheros de la Oficina contra el Fraude.

El magistrado llegó a plantearle incluso si conocía la diferencia existente entre «indicios» y «sospechas» y García-Valdecasas le respondió que no, aduciendo que no es una experta judicial.

A la vista de lo «endeble» de su testimonio, los letrados del exvicepresidente pidieron el archivo de la causa. La Fiscalía se opuso, argumentado que nada se sabe todavía del segundo informe de la ONIF, elaborado a partir de la información recabada en el registro de la vivienda y de la oficina de Rato.

El juez instructor considera que «el único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública», es decir, delito fiscal, sin que «por ahora, tenga relación con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción». Esto se traduciría en 3,7 millones, entre IRPF e impuesto de sociedades del 2011 al 2013, a lo que hay que añadir un recargo del 150 %.

«No hubo persecución»

Pero la inspectora jefe insistió en su declaración en que la ONIF sí ve «riesgo» de posible blanqueo y alzamiento de bienes. La tesis de Hacienda es que el ex ministro habría desviado dinero a paraísos fiscales, a través de donaciones a sus hijos, para eludir hacer frente al pago de las potenciales responsabilidades civiles derivadas del caso Bankia.

García-Valdecasas negó que existiera una persecución contra Rato y argumentó que su tratamiento fue «parecido» al de otros ciudadanos. También justificó la urgencia de los registros del 16 de abril por el «elevado riesgo» de que pudiera destruir pruebas.

De qué se le acusa

Delito fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo. El juez instructor, de momento, solo ve indicios de la comisión de los cinco delitos fiscales que se le atribuyen.

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