Anula la opa de Mapfre sobre la compañía de servicios funerarios porque los particulares recibieron un precio muy bajo
17 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.
Corría marzo del 2012, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entonces pilotada por Julio Segura, decidió dar luz verde a la opa de Mapfre sobre Funespaña. Consideró entonces el organismo que los 7 euros que iban a recibir los accionistas por sus títulos eran un «precio equitativo». Se cerraba así una operación cuyo pistoletazo de salida había tenido lugar más de dos años antes, el 20 de diciembre del 2010. Ese día, Gesamp, firma propiedad de Mapfre y Funespaña anunciaron que se fusionaban. Y, pocos meses después, en mayo del 2011, Mapfre alcanzó un acuerdo con un grupo de accionistas significativos para comprarles sus títulos a 7,4 euros.
Pues bien, cuando llegó la opa y el precio que se puso sobre la mesa era de 7 euros, José Ignacio Rodrigo, expresidente de Funespaña y dueño del 15 % del capital dijo que ni hablar, que no aceptaba la oferta. Más que molesto, y en defensa de lo suyo, recurrió ante la Audiencia Nacional, argumentando que la opa perjudicaba a quienes no habían pactado en su día con Mapfre. En marzo del año pasado, la Audiencia Nacional le dio la razón a la CNMV, ahora ya presidida por Elvira Rodríguez, y desestimó el recurso. «El precio fijado por la CNMV de 7 euros por acción se ajusta plenamente a la ley de opas [...] pues se trata de un precio no inferior al más elevado pagado por acción, en el año anterior a la fecha de anuncio de la opa tomada como referencia, esto es, el 20 de diciembre del 2010», sentenció entonces la Audiencia.
Pero el caso llegó al Supremo. Y este le acaba de enmendar la plana a la Audiencia, amén de abroncar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por no haber velado por el interés de los pequeños accionistas, como es su deber. A la Audiencia Nacional le reprocha que hizo una «interpretación literalista» y «no razonable» de la normativa. A la CNMV le advierte que la opa queda anulada y le ordena que recalcule el precio de la oferta. Y le reprocha que en esa operación se produjo «una clara desprotección de los accionistas minoritarios no concertados».
