San José pierde un contrato de 900 millones para una autopista en Chile

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

La constructora asumió sus «incumplimientos graves» en la concesión

14 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Golpe a San José en Chile. La constructora gallega ha perdido el contrato adjudicado en abril del 2013 para la contrucción y explotación de la Autopista Rutas del Loa, un vial de 136,5 kilómetros con un coste de ejecución de 250 millones de euros y por el que luchó a brazo partido en su día con otros dos gigantes españoles: Sacyr y ACS. No en vano, la compañía que preside Jacinto Rey había calculado que, durante los 35 años de concesión previstos en el contrato, obtendría unos ingresos de 900 millones de euros.

Pero, más de dos años después, San José comunicó ayer mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la comisión arbitral de dicha obra procedió, a finales de junio, a declarar la extinción del contrato. Para, a renglón seguido, asegurar que la decisión no tendrá «ningún impacto» en las cuentas del grupo, ya que este había deducido el importe de esta concesión de la cartera de contratos viendo el cariz que tomaban los acontecimientos.

Y es que el desarrollo del proyecto ha estado cargado de conflictos entre la empresa y el Ministerio de Obras Públicas del país andino, que acusaba al consorcio liderado por la constructora española de «graves incumplimientos» que motivaron la reclamación ante el organismo arbitral, al que solicitó que diese por extinguida la concesión. El principal argumento fue que la adjudicataria no había presentado en plazo la garantía de construcción, un aval que debía haber formalizado antes del 27 de julio del año pasado y que San José -que entonces negociaba una operación de refinanciación con su banca acreedora, que se cerró a final de año- no atendió. Pero hay más. De hecho, en el último informe de seguimiento de la concesión, fechado en mayo, se recogen hasta 23 propuestas de multas por los distintos incumplimientos de la constructora española que, además de no presentar las citadas garantías, tampoco abonó al Estado la segunda cuota de administración y control del contrato ni otros gastos en concepto de adquisiciones y expropiaciones.

Sin oposición

Todo ello, unido al nulo avance físico de las obras, llevó a las autoridades chilenas a solicitar a la comisión arbitral la extinción de la concesión, una petición a la que San José no se opuso, «en cuanto que reconoció que incurrió en incumplimiento grave del contrato de concesión», tal y como se recoge en la resolución dictada por el organismo, que carga todas las costas del proceso en la constructora. Esta sin embargo, critica en su escrito la «dilación injustificada» en la adjudicación del contrato, que explican les causó un perjuicio en la refinanciación de su deuda con la banca acreedora y les originó unos sobrecostes sobre los que se reservan acciones legales.