El Gobierno prevé recortar un 56 % los fondos a los servicios de empleo

Montoro reitera el compromiso de devolver parte de la extra a los funcionarios

El Gobierno justifica el recorte presupuestario en la mejoría del mercado laboral.
El Gobierno justifica el recorte presupuestario en la mejoría del mercado laboral.

Madrid / Colpisa

El Gobierno proyecta reducir el próximo año un 56 % las transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según el borrador inicial de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016. Así, el año que viene la inyección de fondos rondaría los 4.500 millones de euros, en lugar de los 10.409 de este ejercicio, casi 6.000 millones menos. La mayor parte de las transferencias se la lleva el SEPE, al que este año ya se le había reducido la aportación en cerca de un 31 %. Las bajadas se justifican por la previsible mejoría del mercado de trabajo, puesto que el Gobierno estima que se crearán más de un millón de empleos en dos años.

Aunque el menor gasto tenga como causa el aumento de la ocupación, también se produce por los cambios normativos que se vienen introduciendo desde el 2012. Por ejemplo, el Estado se liberó de la obligación de pagar el 40 % de la indemnización con cargo al Fogasa en los despidos colectivos u objetivos en empresas de menos de 25 trabajadores.

En el caso del SEPE, la dotación presupuestaria se destina fundamentalmente a financiar las prestaciones por desempleo, aunque el gasto en este capítulo no se limita a esta transferencia.CC.?OO. llama la atención sobre la reducción del colectivo que tiene derecho a cobertura debido al endurecimiento de las normas. En el 2014, por ejemplo, del presupuesto inicial de más de 29.000 millones para prestaciones y subsidios, no se utilizaron alrededor de 5.000 millones por los mayores requisitos para acceder a esta protección. Desde el 2010 hay cerca de 500.000 desempleados menos con ingresos y el número de parados protegibles que no perciben prestaciones (parados registrados con experiencia laboral sin derecho a prestaciones) se incrementa desde ese año en 960.000 personas.

Por otra parte, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social a través de los Presupuestos se mantienen casi igual, con un leve incremento inferior al 1 %. La transferencia superará por poco los 13.000 millones, menos del 10% de su presupuesto total de gasto de la Seguridad Social. Esta aportación se realiza para cubrir los complementos de las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas y la protección familiar. El incremento de cien millones de euros podría obedecer a un aumento del número de estas pensiones o a una mejora en las mínimas. Tras la anunciada rebaja del IRPF, es previsible que el Gobierno utilice los presupuestos en campaña electoral y adopte alguna medida de carácter social que les permita ganar votos.

Funcionarios

Sobre lo que sí se pronuncia abiertamente el Gobierno es acerca de la devolución de la paga extra suprimida a los funcionarios. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió nuevamente ayer en que, «a medida que las condiciones presupuestarias lo permitan», su intención es seguir reintegrando a los empleados públicos la paga retirada en diciembre del 2012 (de la que solo han recuperado el 25 %) y los días de libre disposición perdidos (hasta ahora les ha devuelto dos).

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montoro resaltó que los funcionarios públicos «han tenido un comportamiento ejemplar», y aseguró que, gracias a la mejora de las condiciones económicas y presupuestarias, el Gobierno está en condiciones de devolverles esos «esfuerzos y sacrificios». «Estoy hablando de dignificar la función pública, apostando claramente por el reconocimiento del colectivo y por una mejor retribución económica», subrayó el ministro.

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