Castellano intentó llegar a un acuerdo de devolución con los directivos de NCG para minimizar el perjuicio en la entidad

Declaró ante el juez que con el único que logró pactar fue con García de Paredes


Madrid / La Voz

El que fuera presidente de NCG Banco, José María Castellano, aseguró ayer ante el juez que lleva el caso de las indemnizaciones millonarias en la caja que se había llegado a un pacto en firme con Javier García de Paredes -uno de los imputados- para que renunciase al 40 % de su indemnización, y que se había intentado hacer la misma gestión con los otros tres directivos encausados: José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. Pero sin éxito.

¿Por qué? Castellano explicó que con el primer directivo el pacto lo había cerrado César González-Bueno, en ese momento consejero delegado. Este también intentó llegar a un acuerdo con el resto de los ex directivos. Al no ser posible, Castellano tomó las riendas de la negociación, y también fracasó. Convocaron un encuentro en la sede de la entidad en Vigo, en la que estaban los tres beneficiarios de las indemnizaciones y también los representantes del FROB. La tensión fue tal que, según describió, hubo que suspenderla después de cinco horas porque a un representante del fondo de rescate (José Antonio Portugal, en concreto) «casi le da un infarto».

Sí se había alcanzado un acuerdo con Pego -lo reconoció él mismo en su declaración-, pero al final se rompió. Al parecer, su intención en un primer momento era donar la cantidad a la Fundación Novacaixagalicia, decisión que podía generar algún tipo de problema fiscal.

José María Castellano subrayó que lo que pretendía la entidad era negociar para que todos ellos devolviesen el mismo porcentaje en beneficio de la propia entidad y de los propios exejecutivos. Pero no se consiguió, y paralelamente arrancó la instrucción judicial, enterrando cualquier posibilidad de resolución.

Para todos igual

«En alguna de estas reuniones, ¿García de Paredes dijo que estaba dispuesto a devolver si devolvían todos, que él no era el tonto?», le preguntó el juez Alfonso Guevara al testigo. «No, no lo dijo, aunque yo no estuve en todas las reuniones. Pero lo lógico era llegar a un acuerdo con todos, porque estuvimos a punto de ir a liquidación, era fundamental para tranquilizar la situación», contestó.

Castellano explicó que cuando entró en el banco -septiembre del 2011- no contó con los anteriores directivos de las cajas para el nuevo proyecto. Era una condición impuesto por los fondos de inversión con los que negociaba desde junio de 2011. Sí contaba con García de Paredes, y este quería permanecer en la entidad, pero desistió de su contrato tras un desencuentro con el nuevo consejero delegado, el recién fichado César González-Bueno. No hubo marcha atrás. Tras decidir su salida, fue el banco, según el relato de Castellano, el que le propuso capitalizar su indemnización, «al no haber ningún perjuicio para la entidad y porque otros 2.200 trabajadores también se fueron [a través de un ERE] con la capitalización».

Se aseguró de su legalidad

El expresidente del banco dijo haberse asegurado de que el contrato era legal (a través de los servicios jurídicos de la entidad y de dos informes externos) y confirmó que el Banco de España estaba al corriente, a través de los consejeros del FROB en NCG.

El magistrado se mostró especialmente incisivo preguntando a Castellano por los potenciales «perjuicios» que habrían tenido en las cajas las liquidaciones de los tres exdirectivos provenientes de Caixanova (Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán). «Si el Banco de España obligó a provisionar 28 millones, eran 28 millones menos que tenía la caja, ya que la provisión es una pérdida cierta no realizada», contestó.

«¿Sabe usted desde cuándo venían esos contratos?», inquirió el juez. Castellano admitió que no, matizando que «después» supo que «venían de antiguo y que en 2010 se habían modificado». Respecto a por qué no se habían provisionado nunca, hasta el momento previo a la fusión de las cajas, el expresidente dijo que suponía que «porque no los habrían considerado cuantitativamente importantes, pero al ver hacia donde iba la entidad ya sí».

Castellano insistió que «nunca» le habían hablado de esos contratos, de cuyos detalles se enteró «con posterioridad», cuando liquidó el de Paredes.

La comisión de control dudaba de la «oportunidad» de los pagos

«¿Ustedes dudaban de la legalidad o de la oportunidad [de las indemnizaciones] y por eso pedían más informes?», le preguntó el juez a la presidenta de la comisión de control de la caja gallega. María Jesús Freire le contestó: «Creo que dudábamos de la oportunidad». «Suficiente», sentenció Guevara. La declaración de Freire coincidió con la del resto de los miembros de la comisión que testificaron ayer. Todos aseguraron que con «la alarma social» desatada después de que trascendieran las indemnizaciones, decidieron pedir al consejo que volviera a revisar los acuerdos y los revocase, en caso necesario. Fue en ese momento cuando pidieron información detallada sobre la cuantía.

Careo entre Pego y el inspector del Banco de España

Uno de los inspectores del Banco de España que supervisaba a las cajas de ahorros, Pedro González, matizó ante el juez que sabían «que existían los contratos, pero no los conocíamos». Así respondió en un intento de cubrir las espaldas a la institución, que había tenido en sus manos los documentos originales durante tres días, según declaró hace dos semanas Óscar Rodríguez Estrada, uno de los beneficiados, que aseguró habérselos entregado en mano a los inspectores. Otros testigos aseguraron que el Banco de España no solo los conocía sino que los mandó provisionar.

Al salir de la Audiencia, González mantuvo una conversación airada (en la imagen) con Pego. Este inspector fue quien le había recomendado al exejecutivo coger el dinero de la indemnización e irse antes de que llegasen los nuevos gestores. foto benito ordóñez

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