Clamor contra el impuesto al sol

Industria crispa al sector de las renovables planteando gravar la energía que consumen los hogares con paneles; hay ya más de 37.000 alegaciones


redacción / la voz

En su momento fueron todos unos innovadores. Ni cortos ni perezosos, montaron en sus tejados paneles solares para calentar el agua de la ducha, por ejemplo, y así ahorrar en la factura de la luz y ganar cierta independencia en el suministro eléctrico. De hecho, desde la Administración se alentó económicamente la instalación de placas e incluso en la normativa de nuevas edificaciones se estipuló como algo obligatorio. Eran los tiempos en que España quería ser un país moderno y pionero en energías renovables. Pero todo eso es pasado. El Ministerio de Industria ha elaborado un borrador de decreto con el que quiere aplicar un impuesto sobre la producción de energía de esos paneles solares que consuma el propietario. Toda una penalización al autoconsumo eléctrico. O una «burrada», en palabras de Juan Castro Gil, secretario general de la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica (Anpier).

Esta entidad es una de las que está liderando todo un movimiento en las redes sociales y en el mundo real contra esta propuesta. Otras son la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables, entre otras. Hace unos días acabó el plazo para presentar alegaciones al decreto y las entidades opositoras colapsaron la página web del ministerio: enviaron 37.000 alegaciones. Pero hay más organizaciones que han presentado las suyas. Y se han recogido 180.000 firmas exigiendo la retirada de la normativa.

Alertan de que este impuesto al sol, como denominan al peaje que pretende crear Industria, acabará con la energía fotovoltaica y alejará a España de los objetivos de renovables a los que la obliga la UE. Consideran, además, que el único objetivo del peaje al autoconsumo es meramente recaudatorio y asegurar más ingresos al sistema eléctrico.

La polémica ha llegado a Estados Unidos, donde alguna publkicación ha ridiculizado así la propuesta: «En España el autoconsumo y almacenamiento de energía solar es un acto más criminal que derramar residuos radiactivos».

¿Y Soria? ¿Cómo se defiende? El ministro argumenta que los que se benefician del autoconsumo contribuyan también al sostenimiento del sistema. Considera «profundamente injusto» que el resto de los consumidores tengan que pagar los costes de alguien que se alimenta de su propia electricidad y está conectado a la red para poder acceder al suministro si no produce suficiente o para poder verter a la red la energía que produce pero no consume. Ahí queda eso.

Fondos de inversión compran huertos solares al borde del embargo

Ocurre desde hace un año, pero en el último trimestre se ha intensificado el fenómeno. Fondos de inversión están lanzando ofertas de compra sobre instalaciones fotovoltaicas a promotores en apuros económicos. Muchos de ellos no pueden decir que no y están vendiendo sus propiedades a un precio más bajo de lo que les costó la inversión. El lucense Juan Castro Gil, secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), es uno de los tentados por los fondos, pero no aceptó la propuesta. Explica que los compradores quieren aprovecharse de las dificultades económicas que atraviesan muchos propietarios que le deben al banco la mayor parte de la inversión y que a duras penas pueden pagar las letras mensuales. El ahogo es mayor desde el verano pasado, cuando el Gobierno decidió suprimir las primas a las energías renovables. En el caso de la fotovoltaica las sustituyó por un incentivo según la potencia instalada, que mermó hasta un 40 % la rentabilidad de las instalaciones. «El nuevo sistema retributivo nos está hundiendo», reconoce Castro Gil.

Los fondos ofrecen a los promotores comprar la instalación por la deuda contraída con el banco y la entidad a su vez aplica una quita al nuevo propietario. Un negocio redondo, según Castro Gil.

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