El número dos de la vicepresidenta descarta devolver la extra retirada y Montoro lo matiza: se hará cuando haya margen, aunque no da fechas
25 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un paso adelante y otro atrás para quedarse, de momento, en el punto de partida. Tras filtrarse la víspera que el Gobierno podría estar estudiando incluir en los Presupuestos para el próximo año -un documento más de intenciones que ejecutivo, ya que no llegará a aprobarse en esta legislatura- alguna medida para congraciarse con los funcionarios, varios altos cargos del Ejecutivo se encargaron ayer de enfriar las expectativas.
Si el martes distintas fuentes apuntaron que Hacienda se planteaba reintegrar el año que viene a los empleados públicos la paga extra suprimida en diciembre del 2012 -de la que de momento solo han recuperado un 25 %-, los días libres que les han retirado y que incluso calibraba el margen para acometer una pequeña subida de sus salarios, congelados desde el 2010, el primer jarro de agua fría lo lanzó la mano derecha de la vicepresidenta. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y portavoz adjunto del Ejecutivo, mostró su sorpresa por las informaciones y aseguró que ninguna de las medidas a las que se apuntaba están «en los planes del Gobierno en este momento».
Luego llegó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que suavizó la rotundidad del número dos de Sáenz de Santamaría, pero lo ratificó en lo esencial. Coincidió en que las informaciones erran «incorrectas» y llamó a no generar expectativas que «entorpezcan el diálogo con los representantes sindicales» . Y, aunque reiteró que la «intención del Gobierno es devolver el esfuerzo de estos años a todos [los españoles], y también a los funcionarios», aseguró que ese reintegro se hará «a medida que tengamos margen presupuestario», sin concretar fechas.
Y es que solo la devolución del 75 % de la paga extraordinaria aún pendiente tendría un coste cercano a los 700 millones de euros solo para el Estado -serían casi tres mil para el conjunto de las Administraciones-, según trasladaron ayer desde el Ministerio de Hacienda, donde reconocen que negocian con los funcionarios la posibilidad de revertir algunos recortes, pero insisten en que es imposible acometer todas las medidas de golpe, por el escaso margen de maniobra que dejan los objetivos de déficit pactados con la UE.
El desmentido, aunque tímido, del Gobierno no cayó bien entre los sindicatos que, desde CC.?OO. a UGT, pasando por el CSI-F, coincidieron en censurar lo que calificaron como «globo sonda». El presidente de la última central, Miguel Borra, exigió «seriedad» al Ejecutivo, al que pidió que presente sus propuestas «con luz y taquígrafos». Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, reclamó al Gobierno «que deje de jugar con los funcionarios».
Casi 148.000 empleados públicos gallegos, pendientes del desenlace
De la negociación que ha reabierto el Gobierno con los sindicatos de la función pública, a los que de momento no ha remitido ningún documento formal con sus propuestas, según manifestaron ellos mismos, depende la nómina de los más de 2,52 millones de empleados públicos que hay en el país, según la ultima cifra recogida en el Boletín estadístico del personal del sector público, actualizado a julio del año pasado.
En Galicia, hay 147.658 trabajadores públicos. De ellos, casi seis de cada diez (unos 86.400) están en plantilla de la Administración autonómica. Hay otras 28.300 personas en la comunidad en nómina de la Administración General del Estado mientras que los ayuntamientos dan empleo a otros a 25.250. El resto, más de 7.700, componen la plantilla de las tres universidades.
Distintos plazos de reintegro
Aunque tanto el Gobierno central como la Xunta ya han reintegrado a sus trabajadores el 25 % de la extra retirada en el 2012, los plazos de devolución no han sido simétricos. Así, en el caso de los trabajadores de la Administración General del Estado, junto a los de ayuntamientos y diputaciones, la recuperación se produjo en un único pago en enero de este año. Por contra, en el caso de los empleados de la Xunta, los distintos organismos autonómicos y las universidades gallegas, el reintegro se produjo en dos plazos, el primero en enero y el último, en mayo.