Las relaciones con la Xunta dividen a la patronal gallega

El bloque opositor a Alvariño pide que se reclamen en San Caetano 637.000 euros en facturas pendientes


santiago / la voz

La fractura que vive la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tiene también su fundamento en las relaciones que mantiene con la Administración gallega su actual presidente, el vigués José Manuel Fernández Alvariño. Un problema que explica, en parte, las dificultades de la patronal para sacar adelante sus cuentas. Más allá de los contratos de la CEG con el grupo de empresas de Alvariño, con la necesidad de una mayor o menor austeridad, la red de oficinas de la patronal en el exterior -conocida como Pexga- y que cuenta con financiación de la Xunta, se ha convertido en un foco de problemas. Según el bloque opositor a Alvariño, la Administración gallega adeuda a la patronal por este asunto 637.000 euros en facturas pendientes, recibos que, según el Igape, no están debidamente justificados. La Xunta ya ha comunicado a la CEG que no está dispuesta a abonarlos, pese a que un sector de la patronal entiende que esas facturas están más que aclaradas.

En su estrategia al frente de la patronal, Alvariño ha antepuesto la estabilidad de las relaciones con la Administración gallega y ha rechazado abrir un contencioso con la Xunta por este asunto, justo lo contrario de lo que demanda el bloque opositor. En la CEG han surgido voces que aseguran que se asiste a una creciente pérdida de peso institucional de la patronal y que, de facto, se ha producido una cesión de la marca Pexga a la Xunta, que utiliza el trabajo en el exterior de las oficinas de la patronal gallega para sacar rédito político y mejorar su imagen. El sector crítico lamenta que se le haya cedido todo el control al Igape, donde la CEG tiene cada vez menos influencia.

Convenio prorrogado

Una tesis rechazada por Alvariño y su entorno, quienes celebran que en tiempos de recorte presupuestario se haya podido prorrogar el convenio con la Xunta durante dos años más (2015 y 2016), con una dotación de 3,6 millones. Las oficinas de la red son ahora ocho, frente a las trece abiertas bajo el mandato de Antonio Fontenla, y desde la Administración gallega se insiste en que todo el rediseño obedece a los criterios de eficiencia y a los resultados obtenidos.

Este problema ya fue debatido en febrero del 2014. Fontenla, líder de los empresarios coruñeses, exigió entonces a Alvariño que reclamase a la Xunta los pagos adeudados. Y en el verano, por vez primera en la historia, la asamblea de la CEG tumbaba los presupuestos de Alvariño. El empresario vigués busca ahora fórmulas para tratar de sacar adelante las cuentas del 2015, pero no lo tendrá fácil por la creciente pérdida de apoyos internos.

La comisión que tiene que analizar los presupuestos se halla aplazada de forma indefinida. Y ni las provinciales de A Coruña, Lugo ni un sector de la de Pontevedra parecen dispuestas a dar un balón de oxígeno al empresario vigués.

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