Las claves de 20 horas en el banquillo

Ana Balseiro
Ana Balseiro LA VOZ / MADRID

ECONOMÍA

Fernando Villar | Efe

Los imputados de las cajas defienden que sus liquidaciones fueron legales y sometidas a control

14 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Veinte horas de declaraciones han sido el resultado de la primera semana del juicio contra la antigua cúpula de Novacaixagalicia. Los cuatro exdirectivos imputados -José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada-, junto con el excopresidente, Julio Fernández Gayoso, y el abogado Ricardo Pradas (como colaboradores necesarios), defendieron la legalidad de sus cuantiosas liquidaciones por prejubilación (casi 19 millones), alegando que los contratos que las posibilitaron no solo eran conocidos, sino que habían sido aprobados por los órganos de control. La vista prosigue el miércoles. Aquí se detallan las claves:

¿Conocía el Banco de España las indemnizaciones?

Rotundamente sí. «Si quiere, le enumero las 100 ocasiones en las que el Banco de España tiene conocimiento de los contratos: antes, durante y después», respondió Pego a la fiscala. Idéntico argumento -que el supervisor conocía las indemnizaciones y que, además, ordenó a la entidad dotarlas con 28 millones de euros, después de no admitir la fórmula de los avales que le propusieron desde la entidad- lo repitieron uno tras otro todos los imputados, refiriéndose, además, a informes del organismo que obran en los autos.

¿Qué papel están jugando Fiscalía y acusaciones?

Anticorrupción pretende probar que hubo una trama orquestada por los tres exejecutivos de Caixanova para mejorar sus contratos -de espaldas al consejo- antes de la fusión para llevarse una indemnización mayor en caso de marcharse. La causa del cuarto imputado, Javier García de Paredes, es diferente, pues su contrato de alta dirección es posterior (ya fusionadas las cajas) y se suscribió para equiparar sus condiciones a las de los directivos procedentes de Caixanova. Hay «dudas» sobre si para él es de aplicación la recomendación de Bruselas que establece límites (2,5 veces el salario) en la indemnización. La mayoría de informes jurídicos, incluidos los del Banco de España, concluyen que no lo es, aunque algún otro -el informe de Sargado y, a petición de la entidad- dice tener «dudas» sobre si es o no de aplicación.

¿Ha habido coincidencia entre los acusados al defender su liquidación?

Absoluta. Sostienen que «adaptan», pero «no modifican» sus contratos, en aplicación del pacto laboral de fusión, pues había que unificar los conceptos retributivos de las entidades. Es decir, que solo se hicieron adendas, pero no mejoras, que siempre se respetó la legalidad vigente y que tanto la comisión de retribuciones como el consejo de administración los conocían y aprobaron.

¿Da pistas el juez sobre la resolución del caso?

Alfonso Guevara ha dejado claro -tanto a la Fiscalía como a las acusaciones particular y popular, sin olvidar a los testigos, ya que algunos explicaron que dimitieron como consejeros por «ética» al conocer las cuantías- que no se juzga si es ético o no el importe de las prejubilaciones, si no únicamente su legalidad. Parece convencido de que los contratos estuvieron a disposición de quien quiso consultarlos.

¿Hay juicios pendientes de las antiguas cajas?

CCM, Catalunya Banc y la CAM. A ellas se suma la compleja instrucción de Bankia, aún abierta.