El abogado Ricardo Pradas defiende que las indemnizaciones millonarias en Novacaixagalicia eran totalmente legales

Ana Balseiro, Sofía Vázquez LA VOZ / REDACCIÓN

ECONOMÍA

Hoy arranca el tercer juicio a directivos de las antiguas entidades de ahorro; el Estado trata de recuperar 16,7 millones en un caso que reaviva el debate sobre la praxis bancaria

08 jun 2015 . Actualizado a las 20:14 h.

Acaba de concluir la primera sesión del juicio por las indemnizaciones millonarias que cobraron los directivos de Novacaixagalicia José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán. A todos ellos se les acusa de apropiación indebida y administración desleal y alternativamente de delito de estafa y les piden tres años de cárcel y la devolución de lo percibido. También se sientan en el banquillo de los acusados Julio fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas Montilla, que, según las fiscales del caso, fueron los cooperadores necesarios para la comisión de los delitos. Ninguno de ellos se declaró culpable, al contrario de lo que había ocurrido en el caso de Caixa Penedés.

En primera fila, ante el polémico juez Alfonso Guevara, se sentaron los seis encausados pero en esta primera sesión sólo se le tomó declaración al abogado Ricardo Pradas. Declaró durante más de tres horas. Respondió a todas las preguntas que le hizo la fiscal Pilar Melero, a quien corrigió en repetidas ocasiones sobre conceptos basicos de legislación laboral y financiera. Entre los encontronazos dialécticos que ambos protagonizaron, destaca un rifirrafe que tuvo de árbitro al juez. Ocurrió cuando el ministerio público trató de demostrar que los directivos intentaron aprovecharse al capitalizar (cobrar de una sola vez) el importe estipulado por las prejubilaciones, en lugar de recibirlo mensualmente. Para ello la fiscal advirtió que otro directivo, Ángel López Corona, había cobrado una indemnización de más de dos millones de euros pero en tres plazos, entendiendo que esta fórmula no era la de la capitalización. Pradas negó la mayor y, ante las repreguntas de las fiscales, el juez respaldó al acusado. 

El asesor jurídico mantuvo que las prejubilaciones no son una cláusula de blindaje, sino una liquidación por prejubilación, «y si se me condena por ello, que venga Dios y lo vea». «Las indemnizaciones son unas cantidades compensatorias por la pérdida de un empleo por una causa justificada», subrayó Pradas, para luego sostener que si el cobro de esas mismas cantidades se hubiese ejecutado mes a mes no se hubiese generado escándalo social.

En varios momentos del interrogatorio Pradas quiso dejar constancia de que él no era «el cerebro de nada, el ideólogo de nada» y que se limitaba a asesorar a la entidad en lo que le preguntaba. Añadió además que nunca representó a ninguno de los encausados, «aunque en algún escrito presentado en la causa diga que yo fui asesorando al señor Pego al Banco de España». Aseguró con contundencia que tal afirmación no era cierta, y que él no había firmado ese documento.

La fiscal, que en un momento de la declaración no supo jerarquizar los cargos que ocupaban en la entidad Pego, García de Paredes y Óscar Rodríguez Estrada (confundió la dirección general con el resto de las direcciones de área), preguntó en varias ocasiones a Pradas por qué no informó de las cartas de desestimiento en las que solo faltaba la firma de Pego, Gorriarán y Estrada. No tenían efectos jurídicos hasta que no fueran firmadas, por lo que eran solo una declaración de intenciones de lo que podía ocurrir.

Por parte de las defensas sólo el abogado de García de Paredes interrogó a Pradas, quien confirmó que el ejecutivo pensaba quedarse en la entidad por lo que no había firmado ninguna carta con la intención de irse de la entidad, al contrario «su deseo era el de no desistir». También confirmó Pradas que el FROB cuando entró en el capital de la entidad podía haber incrementado el interés de las preferentes como fórmula de sanción por incumplimiento de la política de retribución, pero no lo hizo por lo que se deduce que no había motivo. El juez levantó la sesión poco antes de las dos de la tarde hasta mañana.

Tres años de instrucción

Después de tres años de instrucción, de miles de folios con documentación diversa, con decenas de declaraciones e informes periciales, varias rondas de comparecencias previas, y dos cambios en el calendario, hoy ha arrancado el juicio por las controvertidas y millonarias indemnizaciones en Novacaixagalicia, la caja resultado de fusionar Caixa Galicia y Caixanova, y que requirió un rescate millonario.

Los acusados han llegado con tiempo a la Audiencia Nacional. Julio Fernández Gayoso, Óscar Rodríguez Estrada, y Javier García de Paredes fueron los primeros en entrar. Tras ellos, Jose Luis Pego, Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas. Todos llegaron acompañados por sus abogados. Aparentemente se mostraron tranquilos. En las dependencias judiciales se volverá a poner sobre la mesa la controvertida gestión en las antiguas cajas de ahorro, aunque su nivel no llega a lo sucedido en Bankia o la CAM. Pero política y socialmente invita a ello, aunque este caso posiblemente tenga más que ver con un mero asunto laboral que con el rescate millonario de la entidad. En todo caso, se juzgará por la vía penal.