La caja, al banquillo tres años después

Hoy arranca el tercer juicio a directivos de las antiguas entidades de ahorro; el Estado trata de recuperar 16,7 millones en un caso que reaviva el debate sobre la praxis bancaria

Los seis imputados de Novacaixagalicia por las indemnizaciones millonarias Los seis imputados de Novacaixagalicia por las indemnizaciones millonarias

redacción / la voz

Después de tres años de instrucción, de miles de folios con documentación diversa, con decenas de declaraciones e informes periciales, varias rondas de comparecencias previas, y dos cambios en el calendario, hoy arranca el juicio por las controvertidas y millonarias indemnizaciones en Novacaixagalicia, la caja resultado de fusionar Caixa Galicia y Caixanova, y que requirió un rescate millonario. En las dependencias de la Audiencia Nacional en Alcalá de Henares (Madrid) se verá un caso que volverá a poner sobre la mesa la controvertida gestión en las antiguas cajas de ahorro, aunque su nivel no llega a lo sucedido en Bankia o la CAM. Pero política y socialmente invita a ello, aunque este caso posiblemente tenga más que ver con un mero asunto laboral que con el rescate millonario de la entidad. En todo caso, se juzgará por la vía penal.

El Estado, a través del FROB, se juega aquí un dinero considerable. Pese a que las indemnizaciones (casi 19 millones, sumando planes de pensiones) los abonó la entidad gallega, en caso de que el fallo suponga que lo tengan que reintegrar, será el fondo de rescate bancario el que se lleve el 88 %: 16,7 millones. Es así según un acuerdo entre los actuales dueños de la antigua caja (hoy Abanca) y el propio FROB. El resto (2,1 millones) irá al banco.

Los causados

Cinco directivos y un abogado externo. En esta causa hay dos tipos de imputados: los que cobraron y los que actuaron por detrás. Y entre los primeros, también hay de dos tipos: los que tuvieron los primeros contratos y el que lo firmó en un momento posterior y se mostró dispuesto a devolver lo cobrado indebidamente. Por partes. Según consta en los escritos de la Fiscalía, meses antes de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, Julio Fernández Gayoso, presidente de esta última, presentó unos nuevos contratos de alta dirección a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, de espaldas al consejo de la caja viguesa. Mejoraba sus condiciones y les facilitaba una salida ventajosa en caso de despido. El abogado externo Ricardo Pradas asesoró en aquella tarea. Tras la fusión y nacimiento de Novacaixagalicia (diciembre del 2010), ese mismo tipo de contrato se replicó con Javier García de Paredes, que procedía de Caixa Galicia, y que iba a ser el número dos de la nueva caja (por detrás de Pego). La entidad había recibido 1.162 millones de euros en ayudas. La diferencia con los anteriores es que su contrato se trasladó al consejo. En otoño del 2011, la caja se convirtió en banco, con José María Castellano al frente, y fue nacionalizado. El nuevo equipo decidió prescindir de Pego, Gorriarán y Estrada, pero contaba con García de Paredes. Duró poco: unos días después salía por diferencias con la nueva cúpula. Fue el único cuyo despido firmó Castellano. Tras conocerse estas indemnizaciones, se generaba un enorme ruido, y se presentaba la primera denuncia. García de Paredes fue el único que mostró su disposición a devolver el dinero. Lo pidió de forma reiterada, pero ni FROB ni Fiscalía aceptaron.

El fondo del asunto

¿Cobro oculto o no? Es, en síntesis, lo que está detrás de este caso: ¿conocía el consejo de la caja las cantidades que se iban a abonar a los directivos y los contratos firmados? ¿Lo sabía también el Banco de España? Un informe pericial de estos últimos asegura que eran legales, pero no revela si lo supo y si lo autorizó. Otra cosa es si, éticamente, una entidad rescatada podía pagar esas retribuciones y planes de pensión. Pero eso no es lo que se juzga aquí.

Los acusadores

Fiscalía y FROB al frente. El proceso judicial lo inició la denuncia de un abogado coruñés, Pablo Arangüena, ahora desligado del caso. Y lo asumió la Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado el peso de la instrucción. Además, están personados como acusación particular la organización de consumidores Adicae y la actual Abanca. En realidad, es el FROB (el Ministerio de Economía) quien está detrás de esta. Y, explican fuentes conocedoras del caso, se espera que sea su representante legal el más duro en los interrogatorios, por un motivo: la intención del Gobierno de demostrar que quiere depurar responsabilidades en las antiguas cajas, sea cual sea el caso.

Los testigos

Una romería por la Audiencia. El juicio que arranca este lunes se prolongará hasta el 9 de julio, cuando se presentarán las últimas periciales. Antes pasarán -además de los 6 encausados, con cuya declaración empezará este asunto- hasta 47 testigos. Está buena parte del consejo de Novacaixagalicia y del de Caixanova; la comisión de control y de retribuciones; los inspectores del Banco de España que fiscalizaban la caja; asesores laborales; y un buen número de exdirectivos. También Castellano y González-Bueno, su mano derecha. Ninguno de los vinculados en su día a la caja gallega está ahora en Abanca, el banco sucesor de aquella entidad.

El procedimiento

Un veterano y controvertido juez al frente. Salvo cambios de última hora -nada descartables-, será Alfonso Guevara el juez encargado de llevar esta vista en la sección tercera de la Audiencia Nacional. Es, dicen quienes lo han tratado, un tipo veterano, un garantista, pero también un magistrado muy controvertido. Figuran en las hemerotecas denuncias de chóferes de los juzgados por amenazas. También se ha metido en algunos charcos, como cuando el año pasado intentó forzar la entrega a Kazajistán de un opositor kazajo, aprovechando una ausencia en la sección segunda, la competente en el caso, según reveló el diario El País. A su lado, como ponente, Clara Bayarri, una de las jueces que reconoció la competencia de Baltasar Garzón a instruir el procedimiento por los crímenes del franquismo.

Los precendetes

Caixa Penedés y CAM, y en sentidos opuestos. El de la caja gallega es el tercer caso de estas características que llega a la Audiencia Nacional. Y aún quedan otros por llegar por mala praxis en las entidades de ahorro: CCM, Bankia, Caja España-Duero, Catalunya Caixa... Los dos precedentes son los de Caixa Penedés y la CAM. En el primero, sus exdirectivos acordaron declararse culpables, reintegrar el dinero y aceptar una pena de dos años de prisión, de tal forma que evitaban pisar el presidio. ¿Es posible que suceda algo parecido en Novacaixagalicia? Está por ver; jurídicamente sí es posible, y en cualquier momento de la vista puede suceder. Lo cierto es que, coinciden varias fuentes, el caso de Penedés marca el suelo de lo que estaría dispuesto a aceptar el FROB si hay declaración voluntaria de culpa: una pena mínima, pero con castigo social, y la devolución del dinero. En la CAM, en cambio, su director general resultó absuelto al achacar la responsabilidad al consejo de administración, un argumento que da aire a las defensas de los imputados gallegos.

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