Cristobal Montoro ultima un decreto para sumarse a la lucha del G-20 contra la evasión
28 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Primero hubo que facilitar el DNI al banco para que las entidades cumplieran así con la normativa contra el blanqueo de capitales. Y dentro de no mucho, la banca tendrá que poner en conocimiento de Hacienda la residencia fiscal de sus clientes.
El ministro Cristóbal Montoro tiene ya sobre su mesa el borrador del decreto que allanará el camino al sistema de intercambio automático de datos con el que el G-20 pretende hacer frente a la evasión de impuestos. Y esa norma, entre otras cosas, obligará a los bancos a identificar el domicilio fiscal de quienes sean titulares o tengan el control de todo tipo cuentas financieras abiertas en la entidad. Esto es: depósitos bancarios participaciones en fondos de inversión, valores, seguros...
Si alguno de sus clientes es residente fiscal en alguno de los países que participan en el acuerdo de intercambio de información, también tendrá que comunicárselo a la Agencia Tributaria.
Todos esos datos se intercambiarán en su día de manera automática. Sin que las autoridades fiscales de otros países tengan que solicitarlos expresamente. Se hará una vez al año. La primera, con la información relativa al 2016, con lo que el intercambio se hará ya en el 2017.
El acuerdo al que ha de plegarse el sector financiero se firmó el pasado octubre en Berlín, auspiciado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20. Lo rubricaron 51 países, entre ellos, claro, España.
«Un lugar difícil»
«Estamos haciendo progresos concretos para lograr el objetivo de de ganar la batalla contra la evasión fiscal,» señaló entonces el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien no dudó en proclamar que «el mundo se está volviendo un lugar cada vez más pequeño para trucos fiscales, y estamos decididos a garantizar que los países en desarrollo también participen de los beneficios de una mayor transparencia en el sector financiero».
Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron ayer a Efe que, con la nueva norma, España obtendrá una nueva información, «de forma más fluida», que podrá intercambiar con el resto de los países firmantes. Y destacaron que el real decreto se aprobará una vez que finalice el trámite de información pública y que «no es previsible que tarde mucho».