Vodafone reconoce ante Hacienda que Castellano y la cúpula de ONO no cometieron fraude de IVA

La compañía británica debe pagar ahora 58,6 millones por la regularización de los años 2011 a 2014


Vodafone ha firmado un acta de conformidad con Hacienda a través de la cual reconoce que José María Castellano, Rosalía Portela y Carlos Sagasta no cometieron ningún fraude de IVA cuando los citados profesionales dirigían ONO. La compañía británica debe pagar ahora 58,6 millones por la regularización de los años 2011 a 2014. En estos ejercicios, según el documento elaborado por responsables de la Agencia Tributaria, se han comprobado unos hechos que «únicamente implican la no deducibilidad de las cuotas que le fueron repercutidas a ONO por sus proveedores de reventa de voz internacional».

  Lo que Hacienda estaba investigando en España, tras una alerta de la Interpol en todos los países de la UE, es si los clientes de los clientes de ONO

?es decir, aquellos proveedores que podían estar en el cuarto eslabón o más allá de la cadena? pagaban o no el impuesto sobre el valor añadido.

La situación se ha tornado delicada para Vodafone, que tiene que diseñar una estrategia legal para hacer frente a los pleitos que le han presentado ya Castellano, Portela y Sagasta por no haberles pagado los bonus respectivos (25 millones a cada uno de los dos primeros y 15 millones al tercero), haber despedido improcedentemente a Portela y Sagasta y haber atentado contra la honorabilidad de estas tres personas. Es posible que esta querella criminal se pueda presentar ante los tribunales británicos.

Ayer Vodafone emitió un comunicado en el que advertía  lo siguiente: «Cableuropa ya ha presentado, en su momento, una demanda de responsabilidad social contra los que habían sido consejeros de la compañía, que busca compensación por los daños causados por la forma en que aquellos gestionaron la misma». De esta iniciativa no tiene constancia, sin embargo, el despacho de Hernández Mancha que lleva la causa de Castellano y Rosalía Portela.

No se descarta que Vodafone tenga que mover ficha e intentar llegar a un acuerdo con los afectados, pacto que sería tanto económico como de reconocimiento público por las acusaciones vertidas.

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