La Xunta dispondrá de 135 millones en la línea de préstamos del Banco Europeo de Inversiones
20 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En otoño del 2012, hace más de dos años y medio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el órgano financiero de la UE, tomó una decisión que hizo trizas la política de promoción económica de la Xunta: bloquear los préstamos al Igape por las irregularidades detectadas en las ayudas concedidas a la trama del empresario lucense Jorge Dorribo, el llamado caso Campeón. El organismo con sede en Luxemburgo advirtió entonces a la Xunta que no abriría el grifo hasta que se esclareciera el caso. Y sobre todo, el destino de 45 millones de euros en préstamos recibidos por un total de 29 empresas entre los ejercicios 2009 y 2010. Para aclarar este asunto, el BEI, en mayo del 2011, llegó a enviar desde Luxemburgo a una inspectora hasta la sede del Igape en Santiago.
Dos años y medio después de que la UE bloqueara a Galicia el programa de créditos, tras persistentes intentos del Gobierno autónomo por desatascar la situación, el BEI ha decidido activar la línea de préstamos subsidiados. Y la Xunta, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dispondrá de 135 millones de euros durante los próximos años para fortalecer el tejido industrial gallego, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes). El objetivo será doble: financiar el apoyo al circulante, lo que permitirá a las empresas fortalecer su estructura financiera para ganar tamaño, y respaldar la generación de nuevos proyectos que permitan crear empleo estable y de calidad. Después de dos año y medio con el grifo cerrado, la primera pregunta que surge es qué ha llevado al BEI a mover ficha. El diseño de la Agenda de Competitividad Galicia Industria 4.0, en línea con los objetivos propuestos por la Comisión Europea dentro del Plan Juncker, ha podido ser determinante para que se reactivara esta colaboración.
Impacto financiero
La decisión que el BEI tomó hace dos años y medio supuso un importante contratiempo para los planes de la Xunta. Entonces, los bancos ya habían cerrado el grifo del crédito a las empresas como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y la Administración autonómica veía caer sus ingresos, lo que hacía menguar considerablemente los presupuestos de los organismos públicos. Tanto es así que, a lo largo de la crisis, el Igape ha ido reorientando sus funciones hacia los servicios de asesoramiento y acompañamiento, que han ido solapando al reparto del dinero en subvenciones, cada vez más escaso.
En ese contexto, los apoyos financieros de la UE eran determinantes para mantener el impulso al tejido industrial. Sin embargo, la Xunta se quedó sin ellos. La decisión del BEI propició que se paralizaran 50 millones en créditos que afectaban a un centenar de empresas.
Para contrarrestar esa pérdida, el Igape ha mantenido estos años una serie de medidas de apoyo a los empresarios, como la subsidiación de tipos de interés, avales, ayudas a las grandes inversiones y, por último, la más innovadora del pasado año, los llamados préstamos Jeremie. Una iniciativa de la Comisión Europea desarrollada junto con el Fondo Europeo de Inversiones. Y cuya finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las pymes a la financiación a través de las intervenciones de los fondos estructurales. Esto permite utilizar parte de esos recursos para invertir en instrumentos reembolsables como fondos de capital riesgo, de préstamo o de garantía.
Mayor fortaleza
Sin embargo, con la activación de la línea de prestamos subsidiados del BEI, que permitirá a Galicia manejar 135 millones de euros, la Administración autonómica recupera el instrumento más poderoso de promoción de su tejido industrial, una línea de apoyos indispensable para que las empresas, sobre todo las pymes, puedan ganar dimensión con nuevas inversiones y, en consecuencia, ser cada vez más competitivas. Actuaciones, todas ellas, que hasta que estalló el caso del empresario lucense Jorge Dorribo venían financiándose en Galicia con cargo a los fondos aportados por el Banco Europeo de Inversiones, el órgano financiero de la Unión Europea.