La fianza por el caso Bankia precipitó que Hacienda llevara a Rato al juzgado
ECONOMÍA
El exministro niega haber ocultado fondos para eludir el pago, como cree el Sepblac
18 abr 2015 . Actualizado a las 08:31 h.La complejidad y la confusión que rodean al caso Rato, que ha llevado al exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), amén de expresidente de Bankia, a pasar por una detención y los registros de su domicilio y su despacho, se multiplican. En la tarde de ayer, el juez Antonio Serrano, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, ordenó el bloqueo de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y cuantos productos financieros tenga a su nombre Rato.
Lo hizo horas después de que le tocara por reparto el caso, que el día anterior llegó al juzgado 35 -de guardia- por una denuncia de la Fiscalía de Madrid. En un auto dictado después de que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera concluyeran el segundo registro del despacho del exministro, el magistrado ordena a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), que le faciliten todos los datos de las cuentas con las que Rato opere en cualquier entidad, para proceder a su bloqueo inmediato. Según fuentes jurídicas, Serrano también ha pedido que le remitan información histórica de los movimientos de dichas cuentas, concretamente desde el 2009, arranque del período investigado.
Desde que la Fiscalía presentó el jueves la denuncia contra el exdirector del FMI por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes, se han sucedido diecinueve horas de registros y la incautación de más de una veintena de cajas de documentos y material informático.
Abucheos e insultos
Pero aunque el escarnio público de Rato llegó a su punto culminante ayer, con abucheos e insultos en plena calle cuando acompañaba a los agentes de Aduanas al segundo registro de su despacho, su descenso al infierno comenzó hace un año. Y es que, tras acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el ministro Montoro en 2012 y declarar bienes ocultos en el exterior -la declaración informativa del modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero-, Hacienda comenzó a cruzar datos y acabó incluyéndolo en una lista de 705 personas (de las más de 30.000 acogidas a la amnistía) sospechosas de haber blanqueado capitales.
La Agencia Tributaria envió el listado al Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales (Sepblac), donde se comenzó una investigación en la que, según han confirmado fuentes próximas al caso, saltaron todas las alarmas cuando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, fijó una fianza civil solidaria de 800 millones hacer frente a los posibles perjuicios económicos del caso Bankia.
Porque coincidiendo con la obligación de depositar la fianza -a Rato le correspondían 133 millones-, el Sepblac detectó movimientos en los fondos que el exministro tenía en el extranjero. De ahí deriva la acusación de la Fiscalía de alzamiento de bienes, ya que el exvicepresidente habría tratado de ocultar su patrimonio para eludir el abono de la abultada fianza, en lugar de asumirla, como sí hizo con una anterior, de tres millones, que Andreu le impuso por el caso de las tarjetas black.
Ayer Rato negó la mayor. «No tengo ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal ni en ningún país de fuera de la Unión Europea», aseguró a Efe, en contra de lo que denuncia la Fiscalía, ya que las investigaciones indican que tiene un entramado societario, también a nombre de su exmujer y familiares, en paraísos fiscales. Igualmente negó haber realizado «ninguna compra, ni venta» de sus propiedades en los últimos trece meses.
Aunque inicialmente la investigación está en manos del juzgado 31, todo apunta a que serán la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional quienes lo asuman.
Según informa Colpisa, el Gobierno quiso evitar que fuera la Audiencia quien llevara el caso Rato, ya que quería acelerar las actuaciones tras filtrarse que el exministro se había acogido a la amnistía fiscal. Así, lo que debería haberse convertido en una investigación sosegada desde Anticorrupción sobre el patrimonio de Rato, acabó en una denuncia precipitada a instancias de la propia Hacienda.
Fuentes jurídicas y políticas subrayan el «malestar» existente en la Audiencia Nacional por esta jugada del Ejecutivo, mientras que Anticorrupción considera que ha podido dar al traste con una investigación mayor.
El Gobierno se lava las manos
Desde el Gobierno han tratado de minimizar el alcance del caso. Como Artur Mas y con las mismas palabras que en el caso Pujol, Soraya Sáenz de Santamaría consideró ayer que se trata de «un asunto particular». Solo que cuando el presidente catalán acotó a la esfera personal de Jordi Pujol la fortuna familiar oculta, el PP se echó encima de Mas por recurrir a semejante argumento.