El sector forestal rompe con la Xunta

La patronal de la primera y la segunda transformación abandona el Consello Forestal al no avanzarse en nuevas medidas para impulsar la actividad

Las tres mil empresas de la confederación facturan 1.700 millones de euros.
Las tres mil empresas de la confederación facturan 1.700 millones de euros.

SANTIAGO

El sector forestal ha hecho público su divorcio con la Administración autonómica. Confemadera Galicia, que dice representar a 3.000 empresas de la primera y segunda transformación con una facturación de casi 1.700 millones, anunció ayer su decisión de romper relaciones con la Xunta y de abandonar los órganos de interlocución ante la falta de soluciones a los problemas del sector. Es decir, las compañías no participarán ni en el Consello Forestal ni en la Mesa da Madeira.

Ence se ha desmarcado de este acuerdo pues considera necesario «buscar soluciones constructivas a los problemas del sector, para lo que es necesario mantener los cauces de diálogo».

El resto de Confemadera acusa al Gobierno gallego de incumplir lo prometido. Para ello han aportado un documento en el que detallan el estado de las inversiones, en el que se refleja, por ejemplo, cómo el grado de ejecución presupuestaria en inversiones productivas en el monte está en el 40 % de lo previsto. También denuncian que la herramienta creada para agrupar explotaciones en el monte, de forma que ganen dimensión y sean más rentables, es hoy una figura inútil. Desde que se aprobó el decreto de las llamadas sociedades de fomento forestal, en el 2011, no se ha constituido ninguna.

«Se acabó el tiempo de las reuniones de adoctrinamiento en la Consellería de Medio Rural», denuncia Confemadera, que acusa a la Xunta de utilizar estos foros para informar sobre la política de extinción de incendios, pero no para tratar los problemas y las soluciones para un sector con potencial de crecimiento, donde un tercio de la superficie está infrautilizada para las industrias.

Medio Rural mostró ayer su «sorpresa» por la decisión de romper relaciones, cuando siempre ha existido una estrecha y cordial colaboración que ha fructificado en acuerdos, como modificaciones normativas en la propia Lei de Montes. La Xunta, que niega cualquier interés de adoctrinar, defendió su política para poner en valor el monte, tanto en el plano normativo como en el presupuestario. «A aposta polo sector forestal para aumentar o valor das súas producións, reforzar a súa competitividade, previr e loitar contra os incendios e recuperar as zonas afectadas polo lume concretáronse no período 2009-2014 nuns investimentos próximos aos 170 millóns; no exercicio do 2015 o importe para accións directas na mellora silvícola medra un 60 % e a loita contra pragas e enfermidades forestais increméntase nun 72 %», sostiene Medio Rural, que asegura no entender dónde está el incumplimiento sistemático de las medidas.

Las discrepancias se remontan al verano, cuando las empresas denunciaron ante la UE que la Xunta había enviado a Bruselas una propuesta de plan de desarrollo rural (para el período 2014-2020) sin haberlo consensuado con los agentes, algo que niega Medio Rural. La Comisión Europea devolvió el programa a la Xunta en noviembre y le instó a que lo acordase con el sector.

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