La justicia anula una multa histórica de 60 millones a las grandes eléctricas

La Audiencia considera excesivo el registro llevado a cabo en la patronal


madrid / colpisa

Existen indicios serios de que las principales eléctricas que operan en España urdieron en el 2007 un plan para dificultar la apertura del mercado a otras compañías comercializadoras, pero no serán sancionadas por ello.

La Audiencia Nacional ha anulado la multa histórica de 60 millones impuesta en mayo del 2011 por la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC), al considerar que las pruebas claves del caso se obtuvieron de forma ilícita.

En realidad, el registro efectuado por los técnicos de la CNC en la sede de Unesa, la patronal eléctrica, sí fue acordado por un juez.

El problema es que el Tribunal Supremo ha considerado ahora que la motivación de dicha orden fue insuficiente, al no incluir «las especificaciones mínimamente exigibles» sobre la materia que se investigaba y los datos que se pretendía hallar.

Fruto de esa intervención, Competencia obtuvo varios correos personales de responsables de Unesa, así como notas de las reuniones entre la patronal y sus asociadas. En ellos se ponía de manifiesto su estrategia premeditada para entorpecer la liberalización eléctrica, exigiendo para ello a terceros más datos de los previstos o ralentizando al máximo las solicitudes de los clientes para cambio de suministrador.

Con esas pruebas, la CNC multó a las cinco grandes operadoras del sector con 60 millones de euros, que recayeron sobre todo en Endesa (21,6 millones), Iberdrola (8,8) y Gas Natural (1,8). Sin embargo, según fuentes jurídicas y del sector, la Audiencia Nacional las ha invalidado ahora tras ser anulada por el Supremo la controvertida orden para el registro de Unesa.

Los magistrados no entran a valorar si hay elementos para estimar que las eléctricas vulneraron las normas de competencia, como parece desprenderse del expediente de caso. Se limitan a aceptar su recurso -y, con ello, anular las multas- porque sin los papeles de la patronal «deviene una absoluta falta de prueba»

Esos 60 millones referidos fueron entonces la mayor multa impuesta por Competencia por vulneraciones del libre mercado. Hoy en día, sin embargo, ha quedado relegado al quinto lugar en el ránking de sanciones.

Ránking de sanciones

Por delante están los 120 millones de euros impuestos a las principales operadoras de móvil por el precio excesivo de sus SMS, los 98 millones a 35 operadores del sector del reciclaje y las basuras (entre ellos los grandes grupos del sector de los servicios) por concertarse antes de acudir a los concursos públicos, los 88,5 millones a las navieras que unen la península con Marruecos por pactar sus condiciones y recientemente los 88 millones a la industria láctea por convenir sus contratos en perjuicio de los ganaderos.

El Tribunal Supremo había anulado previamente la orden de registro

Los jueces no entran en el fondo del asunto sobre la conducta de las empresas

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