La compra de coche con ayuda del plan PIVE obliga a declarar la renta

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Las ventas de coches han resucitado en España gracias al impulso del plan PIVE.
Las ventas de coches han resucitado en España gracias al impulso del plan PIVE. SANDRA ALONSO

Hacienda persigue el pago del impuesto, que puede superar la bonificación

27 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Se mire por donde se mire, todo son ventajas en el plan de ayudas a la compra de coches del Gobierno, que ya va por su séptima edición.

Las subvenciones, de entre 2.000 y 3.000 euros (para familias numerosas), por achatarrar un vehículo de más de 10 años y adquirir uno nuevo que cueste menos de 30.000 euros no solo han conseguido desbloquear este estratégico mercado, paralizado durante la crisis, y aumentar las matriculaciones. También contribuyen a alimentar las arcas públicas estatales y autonómicas vía impuestos que, en muchos casos, están cogiendo por sorpresa a beneficiarios que nunca antes habían hecho la declaración de la renta, y que al disfrutar de la ayuda quedan obligados a hacerla.

Esto es así porque de los 2.000 euros del PIVE, 1.000 corren a cuenta del concesionario, y los otros 1.000 son cortesía del Gobierno por los que el comprador del vehículo deberá tributar en el IRPF, ya que se consideran una ganancia patrimonial.

«Las ayudas del plan PIVE no se consideran simplemente una ayuda directa a descontar del precio del coche, como así parece a simple vista cuando nos lo anuncian», afirman fuentes jurídicas de la Organización de Consumidores y Usuarios.

Explican que la Agencia Tributaria lo considera un ingreso derivado de una transmisión patrimonial, por lo que queda sujeto a una carga impositiva que se denomina tipo marginal, y forma parte de la base imponible general de la Renta.

Dicho de otro modo, los 1.000 euros que pone el Gobierno acaban convirtiéndose en bastante menos, en función del nivel de ingresos por rendimiento del trabajo.

Por ejemplo, un trabajador que cobre 1.200 euros al mes (pagas incluidas) y obtiene unos rendimientos netos anuales de 14.400 euros, tributará por el plan PIVE al 24,75 %, lo que supone que de esos 1.000 euros tendrá que devolver 247,5 al Estado. Una persona con rentas de trabajo de 20.000 euros, tendrá que pagar 300 euros de impuestos por recibir la ayuda.

Persecución de Hacienda

A Hacienda no se le escapa ni un solo beneficiario del plan PIVE, y el verdadero problema surge cuando la ayuda para comprar un coche nuevo la percibe alguien que nunca había hecho antes la declaración de la renta. En ese caso, «la sorpresa puede llegar a ser muy desagradable e incluso se están dando casos dramáticos», explica el responsable de una red de concesionarios en Vigo, que pone como ejemplo lo sucedido a un cliente. «Es una persona minusválida y, nunca había hecho antes la declaración de la renta. Solicitó los 2.000 euros del PIVE para comprar un coche y vino aquí disgustadísimo con una carta de Hacienda que le obligaba a hacer la declaración, con la mala suerte de que le salía a pagar más de 3.000 euros», relata este comercial que, pese a casos como este, defiende las bonificaciones. «Casi siempre compensan», dice.

Lo que está claro es que a quién beneficia, sin lugar a dudas, es al Estado, que ingresó el pasado año un total de 3.123 millones de euros por la vía de impuestos relacionados con la venta de vehículos, una suma un 18 % más elevada que la del 2013 y que, según las previsiones para el 2015, llegará a los 3.500 millones.

El programa no admite vehículos para achatarrar que no hayan pasado la ITV

El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero el plan PIVE 7, dotado con 175 millones de euros en ayudas. En teoría, se trata de la séptima edición de un programa cuyas condiciones no habían variado en los últimos dos años. Pero esta nueva remesa incluye dos novedades que están provocando más de un quebradero de cabeza a los consumidores y a los concesionarios. La primera es que el coche a achatarrar debe tener pasada la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) con fecha anterior al 28 de febrero, cuando se aprobó el PIVE 7.

Fuentes de los concesionarios explican que, con esta medida, lo que busca el Gobierno es eliminar los vehículos viejos que siguen circulando por las carreteras españolas, y no los que están parados o dados de baja sin uso. «Hay muchas operaciones que no se están cerrando, porque el coche que se quiere entregar no tiene la ITV pasada, y no sirve de nada que intenten pasarla ahora, porque el decreto dice que la inspección del vehículo tiene que tener fecha anterior a febrero», afirman.

El último PIVE

La segunda condición que se incorpora como novedad es que el vehículo que se quiere achatarrar tiene que haber pertenecido al beneficiario de la ayuda durante, al menos, un año.

Pero aún con los nuevos requisitos, los 175 millones de esta séptima edición se están agotando y el Ministerio de Industria ya ha adelantado que aprobará en las próximas semanas la octava edición del plan PIVE que podría tener una dotación «superior» a 200 millones de euros aunque fabricantes y concesionarios sospechan que, esta vez sí, será el último.