La facturación eléctrica horaria se retrasará por segunda vez

F. Fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Sergio Barrenechea

El pago por consumo real se iba a aplicar primero en enero y luego en abril

21 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Los forofos de la informática -o los que simplemente trabajen habitualmente con un ordenador- sabrán de ese maravilloso atajo de Windows que es el Control Z, que permite deshacer una acción, es decir, rectificar. Pues el ministro de Industria, José Manuel Soria, anda con el dedo flojo. Las empresas eléctricas comercializadoras del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) dan por hecho que el 1 de abril no empezarán a aplicar la facturación por horas. Estaba previsto que fuera así, después de que se aplazara ya en enero a petición de las compañías, que precisaban más tiempo.

Ahora esperan que el Ministerio de Industria dé una moratoria más de uno o dos meses para su implantación. Lo que falta por perfeccionar es el sistema informático principal y único que gestionará todos los datos de consumo de las distintas empresas -que, a su vez, cuentan con sus propias aplicaciones-. El ministerio y las compañías llevan trabajando en esto desde el verano pasado. Pero es una misión de extrema complejidad técnica, dado que no se puede permitir fallo alguno. Un error mínimo puede dar lugar a facturaciones equivocadas, reclamaciones y descontento social.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, -auténtico artífice de la política energética del ministerio- avanzó hace unos días que en abril se aprobará todavía la normativa que habilitará este sistema. Nadal reconoció que «la legislación es técnicamente complicada y depende de que se pongan de acuerdo todos los grupos técnicos». También explicó que se «habilitará un plazo de adaptación», aunque el objetivo es ponerlo en marcha lo antes posible.

Período de adaptación

Empresas como Iberdrola avanzan que están preparadas para facturar por horas de verdad, pero no cuentan con que sea abril, sino que calculan que se dará un período de adaptación para comprobar que el acoplamiento de los datos es correcto.

Habrá que esperar pues para disfrutar de la principal ventaja del nuevo sistema de fijación de precios de la energía, el mercado mayorista de electricidad, que marca cifras diferentes de una hora para otra. Es decir, si se aplicara de verdad, un consumidor podría decidir, por ejemplo, poner la lavadora o el horno en horas más baratas (de noche, fundamentalmente). El precio de mercado es la referencia desde el pasado verano pero en cambio se aplica una media del período de facturación.

Los usuarios pagarán por lo que realmente consumen cuando se implante de forma efectiva el sistema informático que unifique la gestión de los datos. Pero eso tampoco será así para todos los clientes de las eléctricas. Solo para los usuarios que ya dispongan en sus hogares de contadores digitales (que registran el consumo real a lo largo del día). El resto seguirá como hasta ahora, pagando una media.

En España hay más de 11,5 millones de viviendas con aparatos inteligentes. En el 2018 todos los hogares dispondrán de esa tecnología. En Galicia, Gas Natural Fenosa, principal comercializadora de energía eléctrica, colocó ya algo más de medio millón de aparatos nuevos. Son el 35 % de todos los que tendrá que cambiar de aquí al 2018. En total cuenta con millón y medio de clientes. La sustitución del aparato es totalmente gratuita para el consumidor. Las empresas comercializadoras disponen de planes de despliegue de los nuevos contadores y cuando llegue el turno se pondrán en contacto con el abonado para comunicarle el día del cambio.

Cuando se anuló la subasta

El mercado mayorista sustituyó hace un año a las subastas trimestrales como referencia para fijar parte del recibo de la luz (la energía supone más o menos el 40 % del mismo). El Gobierno anuló las pujas en diciembre del 2013 por manipulación de los resultados y decidió implantar el precio de mercado, aunque tardó seis meses en hacerlo.

La gestión de los datos lo hará un nuevo sistema informático que no está aprobado