El FROB considera que no procede el rescate de la entidad «al no concurrir los requisitos previstos legalmente»
18 mar 2015 . Actualizado a las 23:53 h.Prácticamente todos los expertos apuntaban a la liquidación como el más que probable destino del Banco Madrid, intervenido hace una semana, siguiendo la estela de lo ocurrido con su matriz, el andorrano BPA. No se equivocaron quienes le auguraban ese final. A última hora de la noche de ayer, el FROB confirmaba lo que ya se veía venir. No habrá reestructuración. La entidad será liquidada. Aunque eso debe decidirlo el juez. Pero, es puro formalismo. Apenas si tuvo que pensárselo el organismo que preside Fernando Restoy. El magistrado que tramita el concurso de acreedores le había dados la víspera dos semanas para decidir. Solo le llevó un día.
Inmediatamente después de que se hiciera pública la decisión del FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) aclaró lo que ya todos sabían, que solo están cubiertos los depósitos de hasta cien mil euros. Y dijo que los restituirá en el menor tiempo posible. Pero, no aclaró cuándo tendrán su dinero los afectados. Dispone el FGD tres meses para realizar las devoluciones.
«Banco Madrid canalizaba prácticas muy irregulares», había sentenciado horas antes el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aunque se lavó las manos respecto a la responsabilidad de la Agencia Tributaria para haber actuado antes en el caso, habida cuenta de que lo que se imputa a la entidad intervenida es un delito de blanqueo de capitales.
«Cuando los asuntos están en sede judicial, las actuaciones relativas a delito fiscal las lleva el juez, no la AEAT, porque el dueño del caso es el juez que lleva la instrucción, e investiga con comisiones rogatorias y otros instrumentos». De este modo el secretario de Estado negaba cualquier responsabilidad en una potencial falta de diligencia vinculada con, por ejemplo, dos de los actores implicados en el caso de la filial del BPA andorrano, Gao Ping y Andrei Petrov, ambos detenidos en España y encausados por blanqueo.
Tampoco quiso entrar a valorar la relación causa-efecto entre la actuación del Tesoro de Estados Unidos en el BPA y la inmediata aparición del informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Se limitó a defender que «las instituciones en España han funcionado». «No sé qué elementos de prueba tenían las autoridades americanas ni cuáles el Sepblac y desconozco si lo que tenían unos y otros les permitía ir más o menos rápido en sus informes, pero las instituciones han funcionado».
En cualquier caso, aunque el Sepblac comenzó de oficio la inspección de Banco Madrid en abril del pasado año y no la concluyó hasta febrero, según confirmó el lunes el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, fuentes de la investigación citadas por Colpisa, confirmaron que el organismo no comunicó a la entidad financiera los resultados de su investigación hasta un día antes de que la unidad de investigación criminal del Departamento del Tesoro americano hiciera público el informe sobre la matriz BPA.
Fue el elevado riesgo de la entidad lo que motivó la inspección. Una de las razones es que su accionista único fuese un banco andorrano, pero sobre todo porque apareció en una operación policial contra la mafia rusa implicado en una presunta participación en el blanqueo de capitales.
Hacienda permitirá a los morosos pagar sus deudas antes de dar sus nombres
«Consideramos que el perjuicio reputacional que puede tener figurar en estas listas hará que aumente la recaudación». Así lo aseguraba ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, tras explicar que la Agencia Tributaria informará a los morosos y defraudadores fiscales que deban más de un millón de euros que sus identidades se publicarán en un listado en el último trimestre del año. En virtud de la nueva redacción de la Ley General Tributaria que ultima el Ejecutivo, Hacienda cerrará la lista a fecha 31 de julio, pero los incluidos podrán evitar el escarnio público si saldan sus deudas, ya que el fisco los avisará previamente.
Además de liquidar sus obligaciones pendientes con Hacienda, los señalados podrán presentar alegaciones a su inclusión en el listado, ya que, como indicó Ferre, «tendrán una garantía similar a la del procedimiento inspector». En su intervención en unas jornadas sobre fraude fiscal, organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), el secretario de Estado no quiso hacer estimaciones sobre el número de morosos y defraudadores fiscales con sentencia firme que podrían incluirse en la lista, alegando que en este momento están en fase de consulta a los organismos correspondientes -como la Agencia de Protección de Datos- para que el formato definitivo de publicación no vulnere derechos. Pese a ello, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, había avanzado meses atrás que podría incluir a dos millares de personas con deudas superiores al millón. Otra de las innovaciones a las que se refirió Ferre es la relativa al reglamento del impuesto de sociedades -en fase de información pública-, que incluye como novedad un mayor control de las multinacionales (con matriz en España y una facturación superior a 750 millones de euros), pues estarán obligadas a detallar a la Agencia Tributaria toda su contabilidad, desde ingresos a pago de impuestos en todos los países en los que operan.
Recomendación de la OCDE
La medida, que comenzará a aplicarse en el 2017 con los datos tributarios del ejercicio previo, es decir, del 2016, forma parte de las recomendaciones del programa BEPS (erosión de bases imponibles y traslado de beneficios) que lidera la OCDE.