El sector ve la puerta abierta a la anulación del decreto tras admitir el Gobierno que aplicó un recorte de 1.700 millones a las energías limpias sin los informes que encargó
14 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.A finales del 2013, el Ministerio de Industria contrató a dos consultoras externas para que elaborasen unos criterios nuevos para retribuir a las instalaciones de energías renovables con el fin único de que cobrasen menos primas a la producción. Las empresas eran Boston Consulting y Roland Berger y en teoría superaron un proceso de concurso público. El contrato sumaba un importe de 900.000 euros. En noviembre de ese año, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, suspendió la contratación tras recibir una denuncia de la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica (Anpier) de que no había existido el trámite de darle publicidad al procedimiento. Esa suspensión se levantó y el contrato siguió para adelante. El hachazo a las primas se hizo definitivo a mediados del 2014, y ahora ha estallado el escándalo. Industria ha tenido que admitir que el recorte se llevó adelante sin esos dos informes de las consultoras. Porque el de Roland Berger tiene fecha de octubre (cuatro meses después de la aprobación de las nuevas retribuciones) y el de Boston Consulting ni siquiera existe porque se rescindió el contrato con la empresa.
Es decir, no hay ningún informe técnico externo que avale los recortes, lo que los pone en cuestión, según el sector.
El departamento dirigido por José Manuel Soria reconoce que «los estándares de renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del Ministerio de Industria, en particular del IDAE». Pero «con el objetivo de contar con la referencia no vinculante de otras fuentes, el IDAE contrató los servicios de dos consultoras», que finalmente no utilizó.
El sector está que arde. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acusa al Gobierno de aplicar un recorte basado en «datos inventados». El presidente de la asociación, Jorge Barredo, considera que esto «pone de manifiesto la falta de legitimidad y legalidad de la medida».
La Fundación Renovables, por su parte, pide que se esclarezca de dónde han salido los datos de la orden ministerial y asegura que «todo muestra una gran manipulación que puede rayar en la prevaricación, ya que se toma una decisión sabiendo que no se soporta».
El decreto, en el Supremo
El recorte a las primas fue recurrido en su momento por buena parte de las patronales del sector ante el Tribunal Supremo. Y confían ahora en conseguir la anulación del decreto a la vista de las irregularidades detectadas con los informes.
En Galicia, la tecnología más perjudicada por la reforma es la eólica. De hecho, el 80 % de los parques de la comunidad se ven obligados a producir sin incentivos y han dejado de percibir 300 millones de euros. Íñigo Muniozguren, secretario general de la Asociación Eólica de Galicia, no se atreve a adelantar si finalmente conseguirán el apoyo del Supremo y la anulación de los recortes, pero sí destacó que el hecho de que no existan esos informes técnicos objetivos que se anunciaron pone en cuestión el origen de la reforma y echan por tierra argumentos que la justifiquen.
El recorte a las renovables previsto por el Gobierno era de 1.700 millones, pero el sector calcula que son más de 3.000 millones.
El hachazo al sector renovable ha paralizado la ejecución de nuevas inversiones y ha puesto en peligro la viabilidad de muchas instalaciones.
La reforma ha dejado al 80 % de los parques eólicos gallegos sin primas
Fenosa inaugurará el martes un parque que funcionará sin primas
Gas Natural Fenosa inaugurará el martes el parque eólico de Cordal de Montouto, situado entre los concellos de Aranga (A Coruña) y Guitiriz (Lugo). Es la primera instalación comercial nueva que explotará la energía del viento en Galicia en diez años y la única, además, de España que empezó a funcionar en el 2014. Estos hitos dan muestra de la mala salud de la que goza el sector eólico en España, consecuencia directa del decreto que recortó los incentivos a la generación renovable. Este hachazo ha dejado en una situación delicada a muchos parques cuya fuerte inversión todavía no estaba amortizada y cuyos promotores se encuentran con dificultades para devolver el préstamo al banco.
Cordal de Montouto, compuesto por seis aerogeneradores, funcionará, de hecho, sin primas. El proyecto es anterior al concurso eólico en vigor, del que no se ha levantado todavía ni un solo aerogenerador, aunque se han autorizado once instalaciones.