La patronal quiere subir los salarios un 0,9 % en el 2015 y hasta el 1,3 % en el 2016

La CEOE no quiere que estas subidas salariales vayan vinculadas a una cláusula de revisión en función de la inflación como piden los sindicatos


Madrid / La Voz

Existe voluntad para llegar a un acuerdo. En ello coinciden los agentes sociales. Pero aunque patronal y sindicatos confían en un pacto más o menos próximo sobre el tercer Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que marcará las subidas salariales hasta el 2017, lo cierto es que las discrepancias aún existen. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ofreció ayer un alza de hasta el 0,9 % para este año y de hasta el 1,3 % para el 2016, alegando que la economía española «no está para grandes fiestas». Respecto al 2017, propuso reunirse a finales del próximo año para decidir entonces.

Lo anunció en la rueda de posterior a la junta directiva extraordinaria que la patronal celebró para abordar tanto la renovación del ANC como la posición de los empresarios respecto a la modificación que el Gobierno quiere introducir en la gestión de los cursos de formación.

«La realidad es que no estamos para grandes fiestas y creemos que tenemos que seguir con moderación salarial», insistió Rosell. Recordó que, pese a que la economía esté repuntando, solo el 35 % de las empresas está en beneficios y tres de cada cuatro tienen bases imponibles negativas. En cualquier caso, el líder de la patronal, que abogó por ir «pasito a paso» en lo que a subidas retributivas respecta, alegó que las sociedades que estén en condiciones de hacerlo, suban los sueldos por encima de las recomendaciones que pacten los agentes sociales. Eso sí, nada de indexarlos al IPC, algo que el jefe de los empresarios considera ridículo en pleno siglo XXI. Su apuesta es ligarlos al crecimiento, por lo que sorprende que la subida propuesta para este año sea de solo el 0,9 %, cuando el Gobierno augura que el PIB avanzará un 2,5 %.

El ofrecimiento no ha encontrado eco positivo en las organizaciones sindicales. Desde CC.?OO., su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que no asumirán subidas salariales inferiores al 1 % y que empiecen «con un cero y una coma delante». Su homólogo de UGT, Cándido Méndez, se pronunció en el mismo sentido, asegurando que aunque existe «voluntad de llegar a un acuerdo», el pacto debe pasar por un «crecimiento real y tangible» de las retribuciones de los trabajadores. No parece que nada por debajo del 1 % vaya a convencer a las organizaciones sindicales.

En cualquier caso, ambos consideraron que la negociación sigue abierta, ya que una rueda de prensa tras una junta directiva extraordinaria no es el entorno más adecuado para hacer propuestas definitivas.

En la misma línea de los líderes sindicales, Rosell también se mostró optimista. «Estamos cerca del acuerdo», aseguró, indicando que no alcanzarlo «no sería positivo para nadie», pero sin descartar tal extremo. Aunque ya están fuera de plazo, le quitó hierro, recordando que aún no hay un gran volumen de negociación colectiva que abordar.

La ultraactividad, fuera

Precisamente para no complicar más el ya difícil consenso sobre la revisión de sueldos, el presidente de la CEOE defiende dejar fuera de la negociación la ultraactividad de los convenios, con lo que rechaza de plano la propuesta de Méndez, que planteaba ceder ante la oferta salarial de los empresarios a cambio de pactar la ultraactividad que anuló la reforma laboral del PP.

«Los salarios no tienen nada que ver con la ultraactividad. No lo metamos en la negociación porque lo va a complicar aún más y la distorsiona». Por contra, Toxo defendió la importancia de restituir esta medida, que supone que los efectos de un convenio no decaen pese a que expire su vigencia si no se pacta uno nuevo, y se mostró a favor de flexibilizar posturas para rubricar el tercer Acuerdo de Negociación Colectiva, pero excluyendo ceder en la revisión salarial.

Los empresarios no quieren perder su parcela de poder en el diseño de la formación

El otro gran tema que ayer abordó la junta de la CEOE fue el del decreto que el Gobierno prepara para modificar el sistema de formación que imparten los agentes sociales y que se ha visto salpicado por los escándalos. El documento que el Ministerio de Empleo les ha remitido, y que excluye a patronal y sindicatos de la gestión de esos recursos -del orden de 1.800 millones-, no ha convencido a los empresarios, que se niegan a ceder su parcela de poder en el diseño y desarrollo de los cursos.

Rosell aseguró que el texto es «manifiestamente mejorable» y recordó que el dinero «lo ponen» las empresas y los trabajadores, el 0,6 y el 0,1 % de las cotizaciones sociales respectivamente.

Cuantificar el fraude

Admitió, sin embargo, que se han producido «casos de fraude», pero negó que sea generalizado. «No se puede transmitir que toda la formación realizada ha sido fraudulenta porque es radicalmente falso», dijo, instando a la Administración a cuantificar el fraude. Reclamó «dejar la formación en las empresas y sus representantes, porque son los que conocen cuáles son las necesidades», insistió.

Antonio Garamendi, líder de Cepyme, hizo incluso una velada declaración de guerra al Ejecutivo si no cuenta con ellos. «Yo no diría que iríamos a las trincheras, pero sí que nos devuelvan el 0,6 % que pagamos, que los empresarios lo destinaremos a lo que creamos oportuno», zanjó.

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