Se anticipa a la banca y pide la liquidación, en la que los acreedores podrán repartirse activos valorados en casi 2.500 millones
03 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El consejo de Martinsa-Fadesa, encabezado por su presidente, Fernando Martín, decidió ayer solicitar oficialmente la apertura de la fase de liquidación de la compañía, decisión que podría formalizar hoy mismo en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña. Reunidos en convocatoria extraordinaria tras conocer la semana pasada que las entidades financieras habían decidido dejar caer a la inmobiliaria, los dirigentes de la firma optan así por atajar el viacrucis y se anticipan a la petición que podrían haber formulado los acreedores una vez que el juez oficializara que la empresa no ha reunido las adhesiones necesarias para aprobar la propuesta de modificación del convenio de acreedores con el que superó el concurso de acreedores en marzo del 2011.
Martinsa necesitaba convencer a los tenedores de, al menos, el 75 % de su deuda ordinaria. Y, aunque con apoyos puntuales -Abanca y el resto de las antiguas cajas sí apostaban por el rescate de la inmobiliaria-, la oposición de los tres mayores acreedores, Sareb, Caixabank y Popular, que sumaban más del 56 % de los derechos de voto, dio al traste con el plan de Fernando Martín.
Una hoja de ruta en la que se proponía a la banca una dación en pago para canjear el 34 % de la deuda financiera por activos inmobiliarios de segunda categoría, que Martinsa no consideraba prioritarios para poder continuar con su actividad empresarial -y que, por ese mismo motivo, no resultaban tampoco apetecibles para las entidades-, para convertir el resto del pasivo en préstamos participativos que en la práctica, pondrían en manos de la banca la mayoría del capital, y por tanto las riendas, de la compañía.
Según los cálculos de la propia inmobiliaria, recogidos en el informe que acompaña a sus cuentas del pasado ejercicio, con esa propuesta solo tendría que amortizar 96,2 millones de euros en efectivo de los más de 3.500 que adeuda a las entidades financieras, que sin embargo deberían convertir 2.500 millones de deuda ordinaria y subordinada en préstamos participativos y, por tanto, asumir su canje por acciones en caso de impago.
Dos impagos consecutivos
Era, explica Martinsa en el documento, la única solución posible para asegurar la viabilidad de la empresa, después de que la lentitud de la recuperación del mercado inmobiliario hiciera imposible atender las dos últimas anualidades de la deuda concursal. Dos impagos consecutivos -solo el del año pasado ascendió a 451 millones- que colocaban a la empresa en causa de disolución, según los términos del convenio de acreedores que, al no prosperar la propuesta de modificación, seguiría vigente ahora. Solo había que esperar a que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña oficializase el recuento de las adhesiones -algo que, según las fuentes judiciales consultadas se producirá, salvo sorpresa, a lo largo de esta semana- para abrir la veda a que algún acreedor solicitase la liquidación de la firma. Pero Fernando Martín ha preferido no esperar a que le den la puntilla y ha optado por hacerse el harakiri. Todo después de que los acreedores le exigieran al empresario, sin éxito, que cediese las riendas del grupo que fundó y luego engordó con la opa lanzada sobre Fadesa.
Con la liquidación, que no le supone un roto al tener provisionado casi todo el dinero atrapado en la inmobiliaria, la banca se asegura el acceso a aquellos activos que Fernando Martín quería blindar para sí y, sobre todo, un proceso de reparto ordenado y equitativo, arbitrado por un juez.
En juego están activos inmobiliarios valorados en 2.482 millones de euros, según una tasación independiente encargada por la compañía al cierre del ejercicio pasado. El grueso se corresponde con terrenos y solares, muy depreciados tras siete años de profunda crisis del ladrillo, aunque hay también edificios construidos y promociones en curso, siete campos de golf y tres centros comerciales, entre otros. En Galicia, la cartera de Martinsa se concentra en la provincia de A Coruña, donde la inmobiliaria cuenta con suelo industrial, el campo de golf de Miño y la macrourbanización del mismo municipio.
Garantías en Miño
Precisamente, el consistorio de esta localidad es uno de los más afectados por la inminente disolución de la sociedad y deberá personarse en el proceso de liquidación para asegurarse el cobro de, al menos, parte de los 21 millones de euros que está condenado a pagar con carácter subsidiario a los expropiados de los terrenos donde la inmobiliaria construyó el complejo residencial. Una cantidad incluida en el pasivo de Martinsa, que también tiene provisionados 19,5 millones de euros para hacer frente a otros pleitos abiertos con los compradores de viviendas en esta urbanización que reclaman la resolución de sus contratos de compraventa y la devolución de las cantidades ya abonadas.